Efraín Núñez/ Hasta febrero del próximo
año se podrá conocer la información con relación
a los nombres de los concesionarios del transporte público debido
a que, por ley, a partir de esa fecha los funcionarios públicos
estarán obligados a dar a conocer información respecto
a las concesiones que se otorguen a particulares, así sentenció
Roberto Díaz Saenz, consejero presidente de la recién
creada Comisión de Acceso a la Información Pública.
Dijo además que dicha Comisión no puede prejuzgar la interpretación
que de la ley hizo Rómulo Arredondo Gutiérrez, secretario
de Comunicaciones y Transportes, para presentar sólo por algunos
minutos la información de los concesionarios del transporte público.
Cabe recordar que el pasado 6 de mayo Arredondo Gutiérrez hizo
público durante sólo tres minutos la lista de 26 mil 751
concesionarios de transporte público y advirtió a los
medios de comunicación que la Ley Fiscal y la de Responsabilidades
de los Servidores Públicos prohíbe informar sobre los
permisionarios, argumentó que la presentación fue sólo
un acto de "buena fe".
En una reunión con la Comisión legislativa de Comunicaciones
y Transporte, Rómulo Arredondo proyectó el gran listado
de concesionarios -el cual está almacenado en un programa similar
a Excel- y permitió a los presentes ingresar cualquier nombre
para ver cuántas concesiones poseía, empero, al sugerir
a José Doger Corte, titular del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del estado, el secretario hizo mutis.
El único nombre que se ingresó fue el del regidor perredista
Arturo Loyola González, quien públicamente ha admitido
que tiene concesiones de taxis, pero según el programa de la
computadora el regidor no tiene ningún permiso. El resultado
que emitió la máquina fue Fidelina González Loyola.
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Al respecto, Roberto Díaz Saenz indicó que la obligación
que el próximo año tendrán los servidores públicos
será dar a conocer los nombres de los concesionarios, el objetivo,
el procedimiento y la vigencia de una concesión. De igual forma
indicó que lo que se dio con Rómulo Arredondo fue una
apreciación jurídica con relación a la ley:
"Si tú lees una ley darás una apreciación
de lo que quiere a decir. La apreciación jurídica que
nosotros tenemos tiende a establecer que en el tema de concesiones a
partir del 2006 la gente no deberá esperar el conocimiento de
la concesión será una obligación para darla a conocer."
Argumentó además que existen disposiciones legales de
carácter fiscal que permiten, de manera justificada, que cierta
información de una concesión, como por ejemplo, los datos
patrimoniales de los concesionarios del transporte público, no
sea publicada porque podría ponerse en riesgo la integridad de
éstos:
"Nosotros no somos Contraloría ni policía. Lo que
tenemos que hacer es garantizar el derecho a la información pública,
pero debe haber una participación ciudadana. Estamos por terminar
los lineamientos para establecer de manera más clara que tipo
de información se puede pedir a las dependencias."
Por otro lado, indicó que podría ser necesario que la
Comisión solicite más recursos en función de los
proyectos que se darán a conocer en un futuro, ya que se solicitará
de más personal, sin embargo, dijo que se busca financiamiento
externo. De igual forma, apuntó que en breve comenzará
una estrategia de medios de comunicación para dar a conocer las
actividades de la comisión así como los derechos de las
personas para acceder a la información que generen las dependencias
públicas
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