Archivos, rendición de cuentas e historia


Por Blanca Lilia Ibarra Cadena*
10 junio 2010

Hace unos días la Asociación de Periodistas y Escritores de Puebla, que encabeza Mauro González Rivera, presentó a la Maestra Lucero Eugenia Álvarez Castro, para ofrecer una conferencia donde abordó temas relacionados con la transparencia gubernamental y los archivos públicos. Dada la importancia de esta exposición, hoy deseo compartir algunos conceptos de la misma.

En esta magistral exposición, Álvarez Castro invitó a la reflexión sobre la necesidad de consolidar la relación existente entre los documentos, los archivos que los resguardan, la rendición de cuentas y la historia, como condiciones de la vida democrática.

Para la ponente, la rendición de cuentas es la antítesis del poder monolítico. Mientras los gobiernos autoritarios establecen la cultura de la opacidad, los democráticos pugnan, por la transparencia. La rendición de cuentas es un asunto multifacético en un cuerpo conceptual que alberga una multitud de términos afines como auditoría, vigilancia, fiscalización y penalización, unidos con la finalidad común de regular el ejercicio del poder. Su exigencia de información y justificación aspira a iluminar la llamada caja negra de la política.

Las leyes de fiscalización y transparencia, advirtió la conferencista, deben marcar un antes y un después en la historia política y administrativa del México contemporáneo, ya que obligan a las autoridades y a la ciudadanía a incluir como parte de su cultura el acceso a la información pública que permite vigilar la observancia de la legalidad, los motivos de la toma de
decisiones, controlar el poder y evitar su corrupción. La existencia y aplicación de estas leyes son garantía de las demás libertades.

Ante un auditorio compuesto por periodistas principalmente, la especialista insistió en que la obligación de todo Estado democrático es dar a la ciudadanía acceso a la información que el propio Estado posee, tanto la que genera como la que recaba de los ciudadanos. Por ello, los archivos gubernamentales, al ser los centros de información por excelencia, deben ser públicos, con las correspondientes regulaciones de ley; de su buena administración depende en mucho, la eficacia de las instituciones.

Frente al inminente cambio de administración en nuestro estado, hoy los documentos deben de estar bien conservados y debidamente organizados. Ellos constituyen el sustento de la administración, y son el reflejo de una institución en sus diversos aspectos.

Finalmente y coincido con la maestra Álvarez Castro, la falta de archivos, la ausencia de normatividad que los regule y, en su caso, la no aplicación de la existente, dan lugar a la “declaratoria de inexistencia de documentos” punto débil del acceso a la información. Un sistema político enturbiado por restricciones al acceso y a la consulta de sus fuentes documentales, no ofrece garantías ni confianza a sus ciudadanos.


*Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.