Renaut, democracia y protección de datos personales


Por Lilia Vélez Iglesias *
14 junio 2010

A principios de junio El Universal reveló que los datos contenidos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se ofrecen ya en sitios web. Aunque no se confirmó si la información puesta en oferta en Internet es realmente parte de la base de datos del Renaut se alertó sobre esa posibilidad, que ya había sido advertida por quienes semanas atrás se negaron a darse de alta en el mismo.

Los datos de esta base, que como se recordará se aprobó integrar con la finalidad de combatir la extorsión telefónica, el secuestros y otros delitos, incluyen el nombre, el número telefónico y la Clave Única del Registro de Población (CURP) de todos los usuarios de telefonía móvil que se dieron de alta en dicho Registro.

De confirmarse la autenticidad de las bases de datos presuntamente del Renaut ofrecidas en la Red, se pondría de manifiesto nuevamente la ineficacia del Estado y de las autoridades para proteger los datos personales de los mexicanos y con ellos su seguridad personal y familiar.

Ello resulta doblemente grave pues esa información fue confiada precisamente al Estado y por tanto se confirmaría que quienes se negaron a registrarse, argumentando desconfianza en el manejo que las autoridades gubernamentales darían a esa información, tenían razón.

Como sabemos los datos personales son toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a la persona física identificada o identificable, por ejemplo el origen étnico o racial, las características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva o familiar, el domicilio y teléfono particular, el correo electrónico no oficial, el patrimonio, la ideología y opiniones políticas, la preferencia sexual, el ADN, el estado de salud, por citar algunos.

Por su parte, el derecho a la protección de datos personales, que ya ha sido elevado a rango constitucional en nuestro país, consiste en “ofrecer a las personas los medios para controlar el uso ajeno de la información personal que les concierne” (Murillo, 2004:p233)
La principal preocupación de los usuarios de telefonía móvil con relación a la venta de sus datos tiene que ver con la posibilidad de ser víctimas de algún tipo de delito, dado el contexto de inseguridad pública y violencia que se vive en el país. Lo anterior sin duda no puede soslayarse de modo alguno pues la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes.

Ante ello, el IFAI manifestó su “enérgico rechazo” a la dd al otorgar al Tribunal Superior de Justicia del Estado la facultad de revisarlas. No obstante, vale la pena resaltar que además del tema de la seguridad pública, la protección de datos personales está íntimamente vinculada con la viabilidad misma de la democracia, entendida esta última como el régimen político que tiene como sustento la soberanía popular, pero al mismo tiempo como una forma de vivir en donde las personas establecen relaciones entre sí y con las instituciones gubernamentales basadas en el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales y el establecimiento de mecanismos jurídicos e institucionales capaces de garantizar su salvaguarda.

En este sentido, Laura Nahabetián Brunet afirma que: “la protección de datos personales representa una condición preventiva para poder gozar enteramente de otros derechos fundamentales que constituyen exactamente el núcleo de las libertades democráticas” (2010).

Tan es así que muchos autores sostienen hoy que la garantía de la privacidad y por ende de la protección de los datos personales constituyen un termómetro imprescindible para juzgar el nivel de democracia de un régimen político.

Por todo ello y frente a la presunta venta de dichas bases de datos es necesario exigir a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades encargadas de velar por la protección de esos datos, una investigación seria sobre la posible fuga de la información y el establecimiento de sanciones severas a los responsables de la misma.

De otra forma, la confianza de los mexicanos en sus autoridades continuará en descenso y con ello también la viabilidad de nuestra débil democracia.


*Lilia Vélez Iglesias es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.