Transparencia gubernamental, condición necesaria para rescatar la confianza de la ciudadanía.


Por Blanca Lilia Ibarra Cadena*
2 5 marzo 2010

Hace unos días concluyó el primer Diplomado en Transparencia y Acceso a la Información que organizó de manera conjunta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la Comisión para el Acceso a la Información Pública. En este programa de estudios que tuvo una duración de 160 horas, participaron más de 40 estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas, quienes lograron analizar el marco jurídico que rige la Ley de Transparencia, la clasificación de la información, los indicadores de gestión, los mecanismos de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y el uso de las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la información.

En la ceremonia de clausura, encabezada por el Rector de la BUAP Enrique Agüera Ibáñez y por el Presidente de la CAIP Samuel Rangel, tuve oportunidad de compartir las siguientes líneas:

Una condición indispensable para una moderna y efectiva gestión pública es la democratización de los asuntos del gobierno a través del fortalecimiento de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y la existencia de una ciudadanía participativa y corresponsable en la prevención y el combate a la corrupción.

Como señala Federico Reyes Heroles, “la corrupción es una enorme enfermedad social que habita en la oscuridad y se oculta en la clandestinidad”. En efecto, sin lugar a dudas, la corrupción tiene muchas manifestaciones, provoca desconfianza ciudadana, erosiona la credibilidad de las autoridades y, desde luego, quebranta el tejido social.

Pero la corrupción también afecta el crecimiento de la economía, limita las inversiones privadas, y obstaculiza el desarrollo de las organizaciones públicas y privadas. De ahí que instituciones de diverso carácter social, como esta prestigiada universidad, impulsen a través de cursos, talleres o diplomados, la cultura de la legalidad.

Son precisamente, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, los legítimos
instrumentos contra la corrupción, porque limitan el abuso de poder, corrigen el mal ejercicio en los cargos públicos e influyen en el buen manejo de los recursos económicos. Son principios inseparables que deben formar parte de un gobierno democrático.

Pero como bien afirma, Eduardo Guerrero: “la transparencia y la rendición de cuentas no sólo son materia de la moral y el derecho sino también de la política”.

Lo es también de la política porque tiene que ver con la acción pública tanto de las autoridades como de los ciudadanos; pues para combatir a la corrupción, debemos partir de una actitud de corresponsabilidad tanto de la sociedad como de todos aquellos que ejercen una responsabilidad pública.

Por eso, para enfrentar este mal social, es necesario impulsar acciones de cooperación y coordinación entre diversos sectores tanto de la esfera pública como de la esfera privada y las universidades juegan un papel fundamental.

Sin embargo, el gran problema que afrontamos en estos tiempos es la separación entre política y ética que cada vez es mayor. Por eso, debemos reconocer la necesidad de reforzar la credibilidad y restaurar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Quienes desempeñamos un cargo público, hoy estamos llamados a actuar con ética, con responsabilidad, a revalorar el compromiso social de la función pública y restaurar el prestigio que las instituciones han perdido.

Como afirma la Doctora Jacqueline Peschard, Comisionada Presidenta del IFAI, “es preciso e indispensable, construir un círculo virtuoso a favor de la confianza y la credibilidad en las instituciones, ampliando la transparencia y así reducir de manera sensible los niveles de corrupción y discrecionalidad”.

Ciertamente: hoy necesitamos que los valores éticos, se conviertan en aspectos centrales de la vida pública. El diplomado que hoy llega a su fin, es un ejemplo ilustrativo de que estamos dispuestos a combatirla con seriedad y objetividad.


*Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.