Los diputados del PRI en el Congreso del Estado presentaron una iniciativa de decreto para reformar la fracción VII del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuya finalidad es dotar de autonomía constitucional e independencia plena a la Comisión de Acceso a la Información y a la vez encomendar a este organismo la tarea de “promover, difundir y garantizar en la entidad y sus municipios el acceso a la información y la protección de datos personales”.

La iniciativa se presentó el jueves 11 de marzo y será discutida por el pleno de la LVII legislatura en el segundo periodo de sesiones, que arranca en junio próximo. Posteriormente, tendrían que promoverse cambios en la legislación de la materia.

En los considerandos del proyecto se presentan dos argumentos centrales: a) La reforma al artículo 16 de la Constitución Política del país, cuya aprobación en junio de 2009 elevó a rango de garantía individual el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y b) La tendencia nacional a que las entidades cuenten con una sola instancia con autonomía reconocida por la Constitución e independiente de los poderes estatales, órganos constitucionalmente autónomos y municipios, competente para conocer sobre derecho de acceso a la información pública para evitar la diversidad de criterios.

De hecho, esta tendencia obedece plenamente a lo establecido en el 6° de la

Constitución Política Mexicana. Al respecto, cabe recordar que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para reformar dicho artículo, publicado en la Gaceta del Senado el 20 de abril de 2007, se argumenta que la existencia de un solo órgano garante busca “evitar una perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia…y propiciar una mayor coherencia de criterios mediante la existencia de sólo 32 órganos estatales”.

El mismo dictamen resalta la necesidad crucial de que los órganos garantes sean especializados e imparciales para lo cual deben tener autonomía operativa, de gestión y de decisión. Asimismo, resalta que es necesario que las resoluciones de dichos órganos sean vinculantes para los sujetos obligados.

Dicho en otras palabras, la aprobación de esta iniciativa representaría un avance significativo en materia de derecho de acceso a información pública y de protección de datos personales en nuestro estado. En este sentido, su discusión y aprobación recogería la demanda de diversas organizaciones sociales y de los partidos de oposición de la entidad que se han pronunciado a favor de la autonomía e independencia de la Comisión y que incluso promovieron ante la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad en contra de la actual legislación de la materia.