Más corruptos que antes. Una oportunidad para mejorar.
Por Blanca Lilia Ibarra Cadena*
1 diciembre 2009
Fue el miércoles 18 de noviembre, en pleno festejo revolucionario, cuando los medios nos despertaron con la noticia que se llevó las ocho columnas de los principales diarios nacionales: México cae 17 lugares en el Índice de Transparencia Internacional.
Si somos pesimistas, era lo único que nos faltaba. En medio de crisis económica y con creciente número de desempleados y ejecutados por todos lados, de paso nos colocan en la vitrina mundial como un país que lejos de mejorar en materia de combate a la corrupción, retrocede y alcanza la no muy honrosa calificación de 3.3, por debajo de Cuba, El Salvador, Guatemala y Panamá y como diría Manuel Jáuregui, editorialista del periódico Reforma, si no fuera por países como Somalia y Afganistán, que están en la retaguardia de la lista, ¡qué friega nos hubieran puesto! Aún así quedamos empatados con Lesotho y Ruanda.
El informe se basa en 13 encuestas distintas que se hacen a expertos y empresas del país en cuestión y refleja la percepción de prácticas corruptas tanto en el servicio público como en las empresas privadas.
El origen etimológico de la palabra corrupción proviene del latín: corrumpere, la cual significa alternar, trastocar la forma de alguna cosa; no obstante existen acepciones que encajan con la época actual, correspondientes a lo que comúnmente la sociedad entiende por ella y son: depravar, echar a perder, dañar.
La corrupción se ha considerado como una pandemia social que arrasa sin importar sexo, edades, estratos sociales y culturales, economías, etc. Se han realizado estudios completos de este cáncer global, en donde se han planteado diversas soluciones que toman en cuenta la sociología, los sistemas políticos, las leyes y destaca principalmente la implementación y el fortalecimiento de la educación basada en un esquema de enseñanza con valores.
En el reciente estudio de Transparencia Internacional se da a conocer que de los países del continente americano, Canadá y Estados Unidos encabezan las encuestas como los menos corruptos mientras que la mayoría de los países restantes de este continente tenemos un porcentaje reprobatorio.
La constante en México no vislumbra señales de mejoría, al contrario, este año la posición de nuestro país ha bajado 17 lugares mientras que en los años 2007 y 2008 estábamos en el lugar 72 ahora ocupamos el 89.
Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, manifestó que las razones del descenso es que en la percepción internacional, influyeron el crimen y el narcotráfico que han ido en aumento, sin embargo la principal causa se la adjudica al estancamiento en materia de transparencia.
Ahora bien, veamos las cosas en perspectiva. Los expertos señalan claramente que la corrupción es parte de la agenda gubernamental de conflictos sociales a eliminar pero que no se le ha dado la importancia debida al tema. Coinciden en que la corrupción deviene de una serie de factores entre los cuales resalta la debilidad de las instituciones y la carencia de una estrategia de Estado para combatirla. No basta el pleno ejercicio de la democracia electoral para erradicar la corrupción.
La educación juega un papel preponderante en el combate de la corrupción, como hemos señalado con anterioridad. Pero existe otro factor fundamental en contra de este mal social, que es la ausencia de una cultura de la legalidad y la arraigada y mañosa práctica de violar las normas. Una sociedad convencida de vivir en medio del respeto del estado de derecho y adoptar la transparencia como un estilo de vida, es la mejor herramienta para atacar este mal que nos muestra al mundo con un pobre desempeño cívico y ético.
El indebido cumplimiento del catálogo tan basto de legislaciones que tiene México, ha sido factor determinante en el aumento de la corrupción. Es sabido que en la iniciativa privada, algunas sociedades mercantiles con el propósito de obtener todos los requisitos que se necesitan para conformarse, cometen actos que van en contra de la ley, alterando o sobornando a las autoridades correspondientes para alcanzar su propósito.
De igual forma, el desacato de la sociedad en general a las normas resulta penoso y va desde la “mordida” a los agentes de tránsito hasta la compra de exámenes o de lugares en las instituciones educativas del país.
El estigma recae, indudablemente en mayor medida, en nuestras autoridades. La indebida asociación de los conceptos de “funcionario público” y “corrupto” que percibe la sociedad, pone de manifiesto la falta de cumplimiento al desempeño de su cargo y las leyes que rigen sus actividades.
Las distintas Leyes de Transparencia y Acceso a la Información de cada uno de los estados del país, pretenden convertirse en instrumentos que fortalezcan la rendición de cuentas y contribuyan en la vigilancia de la sociedad sobre los actos de gobierno. Es tarea de todos emprender una cruzada nacional por la transparencia y que esta penosa medición que hoy nos coloca en una posición incómoda a nivel internacional, sea lo que nos impulse a tomar conciencia y adoptar acciones por convicción personal para construir una nación con prácticas y actitudes honestas. ¡Es nuestra oportunidad!
*Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP. |