TRANSPARENCIA EN LAS AMÉRICAS, A MITAD DEL CAMINO. PRIMERA PARTE.


Por Blanca Lilia Ibarra Cadena*
10 noviembre 2009

En fechas recientes en la Ciudad de México en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se llevó a cabo la VI Semana Nacional de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la cual llevó por Título “Transparencia en las Américas”.

Entre los temas que se abordaron destacó el análisis que diferentes ponentes realizaron sobre los avances y retrocesos en los países de América Latina en materia de acceso a la información y transparencia. También se abordó la llegada de nuevas tecnologías para obtener información de primera mano de parte de los servidores públicos y la necesidad de actualizar los archivos públicos y adecuarlos a las necesidades actuales.

Ahora quisiera compartir con ustedes algunos conceptos de las ponencias del primer día de actividades de la VI Semana Nacional de Transparencia del IFAI.

La primera conferencia intitulada “Reflexiones sobre la Transparencia”, estuvo a cargo de Frank La Rue, Relator Especial para la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Catalina Botero, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El primero de los ponentes señaló que con anterioridad se veía al funcionario público como una autoridad la cual solo dirigía; en la actualidad se le observa como un promotor para que los ciudadanos ejerciten sus derechos; en ese contexto la función pública se convierte en un servicio público que queda sujeto al escrutinio público.

Otro de los puntos que abordó fue referente a la investigación penal; señaló que en aras de la justicia no se puede mantener una cultura del silencio absoluto y esconder la información de manera permanente, por lo que se deberán implantar criterios procesales adecuados para establecer principios de temporalidad.

En cuanto a la intervención de Catalina Botero, se refirió a los estándares interamericanos, que significan los requisitos mínimos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que debe contener un marco jurídico y que son exigidos por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.

Entre algunos de esos principios mencionó el de máxima transparencia; todos y todas tenemos derecho al acceso a la información; que sea un derecho universal y la obligatoriedad en los funcionarios públicos de rendir cuentas con las excepciones establecidas en las distintas leyes en la materia.

Posteriormente se realizó el panel denominado “La Historia de la Transparencia en las Américas”, el cual tuvo como primer ponente al chileno Dr. Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación Pro-acceso, el cual destacó que en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al acceso a la información como un derecho humano fundamental, por lo que se podría decir que tenemos un derecho totalmente consolidado.
Reconoció que la creación y evolución del derecho de acceso a la información pública y la transparencia se logró gracias al impulso de organismos ciudadanos que se manifestaron en diversos países; añadió que este proceso colectivo social se ha desarrollado conjuntamente con otro sector fundamental que son los medios de comunicación , con sus diversas particularidades propias de cada país. El Dr. Sánchez señaló que el proceso no ha sido del todo pacífico puesto que aún hay barreras culturales que se palpan en los países, destacando entre ellas la resistencia de algunos organismos públicos en entregar la información y la falta de capacitación de los servidores públicos.

La segunda panelista fue la Directora de la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos: Melanie Ann Pustay. Ella manifestó que desde 1966 se aprobó la ley correspondiente al acceso a la información por lo que no es de sorprender que al año reciban cerca de 600 mil solicitudes de información en todo el gobierno norteamericano.

La exposición versó fundamentalmente en la creación de la ley en la materia, incluyendo las enmiendas como por ejemplo la protección de archivos y documentos que de proporcionarlos ocasionarían un riesgo considerable a la seguridad nacional.

El tercer panelista fue el Dr. Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El explicó que en México en un principio para la Suprema Corte de Justicia el derecho de información se entendía como un derecho de los partidos políticos de tener informados a los ciudadanos a través de los medios, por lo que no se pretendió establecer como una garantía individual; posteriormente la Corte cambia radicalmente su postura debido al contexto de la masacre de Aguas Blancas, en el sentido que el derecho de acceso a la información es una garantía vinculada a conocer la verdad. Al paso del tiempo, en el año 2000, la Corte confirma que lo referente al artículo sexto constitucional, sí constituye un derecho subjetivo fundamental de todos los mexicanos.

El investigador señaló que todavía existen pendientes en la legislación en la materia, entre los cuales destaca el tema referente a la responsabilidad de los servidores públicos, en específico a las sanciones cuando no cumplen con la ley. Subrayó que los órganos garantes deben dar garantía de este derecho fundamental y que si la teoría jurídica no se equivoca, un derecho sin garantía es un derecho de papel, es un poema.

En las próximas entregas, compartiré con ustedes otros conceptos vertidos a lo largo de este encuentro organizado por el IFAI que preside una mujer experimentada y brillante Jacqueline Peschard y veremos por qué la transparencia en nuestro continente es un asunto que aún tiene un largo camino por recorrer.


*Blanca Lilia Ibarra Cadena es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.