NOMBRAMIENTOS. TRANSPARENTES O DISCRECIONALES


Por Samuel Rangel Rodríguez*
21 julio 2009

La sociedad mexicana, cada vez es más crítica acerca los nombramientos realizados para ocupar cargos políticos, nos cuestionamos lo que ya es típico, cualidades éticas, inclinaciones políticas y conflictos de interés potenciales, particularmente los de índole político.

En cuanto a los órganos garantes, revisores, reguladores, autónomos o con autonomía limitada; el proceso de nombramiento de sus integrantes se convierte en asunto central que puede repercutir en la legitimidad y, consecuentemente, en la manera en que estas instituciones se relacionan con la sociedad y llevan a cabo sus funciones.

En México, abundan casos en que los nombramientos causan desconfianza, no sólo por quién resulta designado, si no porque esto ocurre mediante procesos cerrados y opacos donde las decisiones se toman sin ofrecer explicación a la ciudadanía. Algunos casos son notorios como el nombramiento del presidente de la CNDH en 2004, los comisionados de la COFETEL en 2006, consejeros y presidente del IFE en el 2008; estos apuntan a fallas en el diseño de cada uno de sus procedimientos, fallas que deberían ser corregidas en varios aspectos, como son la definición clara o detallada de la norma y el subsecuente apego a la misma.

Sin embargo, encontramos algunos nombramientos de genuina apertura, en los que se han introducido esquemas de transparencia. Resultado para los órganos autónomos, un procedimiento viable y deseable.

Estamos claros que evaluar a los candidatos y decidir quienes deben estar en ese proceso, es un asunto complejo, y la manera de hacerlo es diferente en cada país, por ejemplo, algunas jurisdicciones han reformado sus procesos de nombramiento de jueces para establecer mecanismos que favorecen la selección. En Canadá desde 1988, se han establecido comités de asesores que evalúan a los candidatos y emiten recomendaciones para los nombramientos a las Cortes Provinciales. Bajo esta experiencia la Asociación de la Barra de Abogados Canadiense, ha formado este tipo de comités no partidistas, para asesorar al Primer Ministro al respecto a los candidatos a la Corte Suprema.

La motivación de muchas de las reformas han sido crear procesos que resulten en nombramientos basados en los méritos de los candidatos y no motivaciones políticas.
En México el gobierno federal cuenta con 180 organismos, dotados de cierto grado de autonomía, creados como reflejo de una corriente internacional de reformas de la administración pública cuya creación tiene que ver con criterios de eficiencia y efectividad del gobierno, el cual necesita estar exento de las reglas que cubren al resto del servicio civil y aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones del Ejecutivo o las presiones políticas, legitimar la acción pública, buscando garantizar la independencia de cierto tipo de toma de decisiones de la intervención política directa y su credibilidad. Sin embargo este mismo aislamiento ha repercutido en su falta de legitimidad.

La creencia de la legitimidad en un gobierno y sus instituciones es lo que asegura su capacidad para hacer cumplir sus decisiones, lo que se puede entender como legitimidad es: “la creencia de que las instituciones políticas existentes, a pesar de sus defectos y fallidos, son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas” y por lo tanto puede exigir obediencia.

Peter Evans propone el concepto de “embedded autonomy”, que se podría traducir como “autonomía arraigada”, lo que explica diciendo que para lograr producir bienes productivos, el Estado debe tener un grado adecuado de involucramiento con la sociedad.

Algunas preguntas que surgen en algunos países, mediante el debate público son: ¿Puede el proceso de nombramiento de funcionarios para los órganos garantes, revisores, reguladores y afines fortalecer su autonomía arraigada?, ¿de qué manera?, ¿tiene la manera en la que se realizan los nombramientos un impacto en la legitimidad de estas instituciones? ¿puede un proceso abierto y transparente garantizar que los mejores candidatos –según sus méritos – sean seleccionados, mientras que al mismo tiempo se promueve la pluralidad y la independencia de las instituciones?.

Mientras que las bondades de la transparencia y la participación, tales como prevenir la manipulación política, parecen ser evidentes, los males potenciales también deben ser tomados en cuenta. En México el establecimiento de proceso de nombramiento predecible que incluya elementos de transparencia, rendición de cuentas y participación se ha convertido en una demanda de varios grupos interesados; en efecto en México – y quizá en toda Latinoamérica – en el contexto de una transición democrática que se desarrolla con el telón de fondo de la imperante desconfianza en las instituciones, es razonable explorar seriamente cómo abrir los procesos de nombramiento, y atacar de frente los males que la transparencia y la participación puedan acarrear.


*Samuel Rangel Rodríguez es Comisionado Presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.