RENDICIÓN DE CUENTAS. LA IMPUNIDAD UNIFORMADA EN MÉXICO.


Por Samuel Rangel Rodríguez*
Sintesis
16 junio 2009

Uno de los hechos que más molestia causa a los mexicanos es la impunidad. El ejército mexicano no es la excepción. Veamos.

En la última visita realizada a nuestro país, por la Organización Internacional, Human Rights Watch, para hacer entrega al Presidente Felipe Calderón de su último reporte, (que por cierto, para que presidente de la Organización lo entregue en persona, es sólo para casos muy graves) comentó que la coyuntura mexicana ameritó la entrega personal. Zas.

HRW presentó un informe basado en entrevistas realizadas en México, D.F., y Coahuila, durante los años 2008 y 2009, reuniones con la Suprema Corte de Justicia, representantes gubernamentales locales, abogados, periodistas, académicos, procuradores generales de justicia de los estados y miembros destacados de la sociedad civil mexicana, así como testimonios de víctimas de abusos militares y de sus familiares.

HRW en su resumen ejecutivo señala que desde que el Presidente Calderón delegó en las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia producto del narcotráfico y del crimen organizado, las muertes de civiles, policías y oficiales de fuerzas armadas, se han incrementado, llegando en 2008 a 6 mil muertes. Casi nada. Muchas de las víctimas no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas, ni con grupos de insurgentes.

Los militares deberían ser los principales interesados en actuar dentro del marco de la ley, en que la gente perciba que actúan protegiendo los derechos humanos. Cuando cometen graves crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos, menoscaban esta imagen, pierden apoyo de la población civil y generan una sensación de desconfianza y temor hacia el Ejército. Tal y como esta ahora.

¿Quién no se acuerda del penoso caso de Zongolica, en donde el ejército violó y mato a una anciana indígena? Las declaraciones oficiales todas contradictorias, una verdadera pasarela de corrupción e impunidad.

Una de las principales causas por las cuales estos abusos continúan ocurriendo es que los responsables no son sancionados. Y esta falta de sanciones se debe, en gran parte, a que estos casos terminan siendo investigados y juzgados por los propios militares. México esta, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública, cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente.

Debido a la poca transparencia del sistema y a que las autoridades militares no difunden públicamente el resultado de gran parte de los casos, es difícil obtener una perspectiva detallada sobre qué sucede en cada uno de ellos.

Se describen 17 casos de crímenes atroces (para no decirlo de otra manera), cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal. Evidentemente, algo está fallando. Una vergüenza para ellos y un insulto para todos los mexicanos.
Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaprueban el ejercicio de la jurisdicción militar en este tipo de casos debido a que los sistemas de justicia militar son pocos transparentes.

Aún prácticamente no existe ningún escrutinio público ni acceso a información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, los cuales pueden extenderse durante varios años. La Secretaría de la Defensa Nacional de México restringe excesivamente y sin una justificación razonable, el acceso por parte del público a información básica sobre el estado de los casos de abusos cometidos por el Ejército contra la población civil que se tramita ante justicia militar.

La información disponible sugiere que la probabilidad de obtener justicia en este tipo de casos dentro del sistema de justicia militar es poca o escasa.

Y es que todos los abusos militares contra civiles debían ser investigados y juzgados por autoridades civiles, ya que las violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas. Deben ser oídos ante los tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesario para que las víctimas puedan obtener justicia.

Las recomendaciones al Presidente Calderón para presentar una reforma del sistema de justicia militar, fueron las siguientes:

1.Modificar el Código de Justicia Militar para que algunos casos sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público;
2.Instruir a las autoridades militares para que cooperen con los agentes del ministerio público;
3.Garantizar que los jueces y los magistrados militares gocen de estabilidad en sus cargos, y establezcan causales y mecanismos claros para su remoción;
4.Garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales militares sean objeto de una revisión exhaustiva por parte de autoridades civiles;
5.Los fiscales y los jueces militares no ejerzan su competencia respecto de casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos..
6.La Secretaría de Defensa Nacional amplié la transparencia en los procedimientos de justicia militar, cumpliendo con la Ley de Federal de Transparencia; y brinde información básica al público sobre los estados de los casos relacionados con víctimas civiles
No más palabras, lo hechos aquí narrados, en materia de falta de transparencia, corrupción e impunidad están a la orden del día en México, afectándonos a todos. Ahora entiendo porqué la gente no quiere ya votar!


*Samuel Rangel Rodríguez es Comisionado Presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.