Hace unos días, a invitación de los comisionados de acceso a la información pública del estado de Tlaxcala, encabezados por su Presidenta Alma Inés Zamora Gracia, tuve oportunidad de participar como ponente en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. El tema que abordamos con los jóvenes estudiantes fue sobre las universidades públicas y la transparencia, lo cual nos permitió hacer una reflexión sobre la estrecha vinculación que existe entre la vida democrática y el acceso de la sociedad a la información que genera el sector público en sus diferentes niveles de gobierno. Si bien, no profundizamos sobre el estricto sentido de la democracia, sí coincidimos en que la democracia no sólo sirve para votar y ser votados, o para elegir a los gobernantes o bien para construir discursos políticos. La democracia trae consigo el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos: es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por lo tanto la democracia debe ser la llave para la justicia, la soberanía, el diálogo ciudadano, el respeto a las garantías individuales y el conducto natural para la rendición de cuentas. Todo lo anterior lleva implícito una serie de derechos, dentro de los cuales está el que hoy nos ocupa.

En este sentido no podemos negar que la dueña de la información sea la sociedad y que los gobernantes sean sólo los depositarios temporales de los documentos y de la información. Insistimos en la importancia de que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y públicos. Por eso hablar de transparencia y universidad pública es referirnos al ejercicio abierto, responsable y comprometido de los programas educativos en beneficio de la población. El investigador Manuel Gil Antón señala que “Autonomía significa autogobierno, pero de ninguna manera ejercicio discrecional de la autoridad ni opacidad administrativa”. Bajo este argumento, el derecho a la información y la obligación a la transparencia deben estar presentes en la vida académica, administrativa y estudiantil. Por lo tanto, autonomía universitaria no está reñida con el escrutinio público. Hoy los universitarios de Puebla y de todo el país tienen derecho a conocer el presupuesto de la institución pública en la que estudian , el curriculum de sus maestros, el plan de estudios, el nivel académico en que se ubica la universidad a la que asisten, la forma en que se ejerce ese presupuesto, el salario de sus maestros, los criterios que se utilizan para el otorgamiento de becas, los trámites que se tienen que hacer para este fin, los reglamentos internos y muchos otros rubros que respondan a los intereses del estudiantado y que hoy, gracias a la Ley de Acceso a la Información, se han convertido en lo que engloba el derecho a saber.

El tema de las erogaciones a los sindicatos también representa una obligación de transparencia, incluyendo las cuotas que dan los trabajadores, sobre todo cuando e personales y datos sensibles. Así, en las sentenciAsí, a siete años de contar con una ley federal y a cinco de tener en Puebla nuestra propia ley, la transparencia se ha convertido en la práctica democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla, y en su caso, utilizarla para los fines que estime convenientes. Sin embargo el camino por recorrer aún es largo, hay muchos retos por alcanzar para la implementación de este derecho, como:

- Alinear leyes y normas, armonizar criterios de publicidad y de reserva en los tres niveles de gobierno, garantizar la documentación de todas las acciones de gobierno, aumentar el conocimiento y el ejercicio del derecho y la cultura de la transparencia en los servidores públicos y en los diferentes grupos sociales, concientizar a la población sobre la importancia de su participación, mejorar los mecanismos legales que en algunos casos obstruyen este derecho, involucrar a los organismos de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento de la ley, impulsar en el sector educativo la incorporación de asignaturas que tengan que ver con la cultura de la legalidad y muchos otras acciones que iremos abordando.

Aquí, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y sus autoridades encabezadas por el Rector Enrique Agüera Ibáñez, trabajan de manera responsable y comprometida, por realizar un ejercicio permanente de rendición de cuentas y de transparencia en el manejo de los recursos asignados a dicha institución.

Agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron los comisionados de CAIP Tlaxcala: Francisco Mixcoatl Antonio, Arturo Popócatl González y especialmente Alma Inés Zamora Gracia por la invitación, así como al Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala Dr. Luis Ervery Sánchez Márquez.