Tal como comenté en este espacio, el viernes pasado se realizó en el Centro de Convenciones la IX Asamblea Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip).
A esta reunión de trabajo asistimos 52 comisionados o consejeros de órganos garantes de todo el país. En la cual, entre otros asuntos, cada estado expuso las reformas a su ley local, para adecuarse al nuevo mandato constitucional. Allí se pudo observar que el pretendido “piso mínimo” que se quería conseguir con la reforma al artículo 6º de la Carta Magna ha dado los resultados más dispares imaginables. Desde leyes que realemente fueron reformadas para avanzar en el derecho de acceso a la información pública, hasta retrocesos enormes –el más lamentable hasta ahora el caso de Querétaro- pasando por varias que no se han modificado todavía o que tuvieron cambios mediocres.
Se decidió que para el segundo estudio sobre la Métrica de la Transparencia, se conformará una subcomisión integrada por representantes regionales, que comenzará a trabajar en el diseño metodológico, para que entre agosto y septiembre de 2009 se pueda realizar el levantamiento de datos, y estar en condiciones de presentar resultados en noviembre.
De igual forma, se aprobó la integración de la Subcomisión para el proyecto Aporta; cuyos integrantes firmaron de una vez las cartas que se entregarán a secretarios de estado y diputados involucrados en el tema, para conseguir fondos federales para las funciones sustanciales de los órganos garantes de acceso a la información pública de todo el país.
La Subcomisión de Estudios Normativos (SEN) presentó un breve reporte, para dar a conocer al Pleno que además de los análisis a las iniciativas de reformas en los estados de Quintana Roo, Jalisco y Querétaro –que ya se habían reportado-, de mayo para acá se analizaron las iniciativas de reformas en los estados de Coahuila, Morelos y Puebla. Sobre este último caso se comentó que de las dos solicitudes de acción de inconstitucionalidad que firmaron la mayoría de los órganos garantes –una presentada ante la Procuraduría General de la República y otra ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla-, la presidenta de la CDH Puebla, a través del Oficio No. 371/08P informó que el 16 de agosto de 2008 “este Organismo hizo valer legalmente la acción de inconstitucionalidad mencionada, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que dicho tribunal resuelva lo procedente”.
La región centro occidente propuso la revisión de los estatutos de la Comaip, lo que fue aprobado, y se estableció que cada región elabore una propuesta de modificaciones. Se votó que la próxima asamblea tenga lugar en Veracruz, y se hicieron invitaciones a congresos y semanas de transparencia que se realizarán en los próximos meses.
Primera semana de transparencia municipal
A propósito de semanas de transparencia, el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla ha organizado la suya, que se realiza estos días, teniendo como sede las universidades Autónoma de Puebla, Iberoamericana y Popular Autónoma del Estado de Puebla, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Las actividades de esta primera semana organizada por el ayuntamiento pueden consultarse en la página http://www.pueblacapital.gob.mx/joomla/index.php?
option=com_content&task=view&id=2160&Itemid=1487
En el presidium de la inauguración, que tuvo lugar ayer, en el salón Barroco del Edificio Carolino, estuvieron el gobernador constitucional del estado, Mario Marín Torres; la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Alonso Lujambio Irazabal; el rector de la BUAP, Enrique Agüera Núñez; el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción el la Administración Pública Federal, Benjamín Guillermo Hill Mayoral; y la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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Entre los asistentes se encontraban el contralor del estado Víctor Manuel Ruiz y otros funcionarios de los gobiernos estatal y municipal; varios diputados, como Pablo Fernández del Campo, Jorge Ruiz Romero, Rocío García Olmedo y Luis Alberto Arriaga; académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales, y representes de la sociedad organizada.
Durante su intervención, el comisionado presidente del IFAI dio a conocer que a través del sistema Infomex, el gobierno municipal ha recibido 5 solicitudes de acceso a la información diarias. También explicó que aunque el gobierno estatal cuenta con el sistema electrónico denominado Maipep, éste se tendrá que modificar para que las personas puedan interponer por ese medio sus recursos de revisión, como lo indica la ley. Aunque la reforma al artículo 6º constitucional en su tercero transitorio establece un término de 2 años para que los municipios de más de 70,000 habitantes cuenten con ese tipo de sistemas electrónicos, la Ley de Transparencia de Puebla, reformada el 17 de julio pasado, no estableció ningún transitorio para determinar el inicio del cumplimiento de la obligación, ni diferenció a los municipios por el número de habitantes, con lo cual la posibilidad de interponer recursos de revisión por medios electrónicos ya es vigente. Aunque el gobierno del estado cuenta con el Maipep, Lujambio repitió su invitación al gobernador de suscribir el convenio para que el estado se sume a la plataforma nacional del Infomex. Dijo que Puebla es un estado estratégico, que las cuatro entidades más grandes del país ya cuentan con este sistema, y que como “no hay quinto malo”, Puebla debería adherirse.
Alonso Lujambio dijo también que con respecto a las modificaciones a la ley poblana, se ha hecho una “estridencia injusta” que no ha permitido ponderar sus virtudes; entre las que destacó la suplencia de la deficiencia de la queja, la posibilidad de interponer el recurso de revisión a través del sistema electrónico, la eliminación de la identificación para obtener información pública, la eliminación de que sólo ciudadanos mexicanos pudieran tener acceso a información política, y el principio de máxima publicidad.
El comisionado presidente del IFAI mencionó también que la ley tenía “aspectos litigosos”, entre los que destacó el hecho de que Puebla sea el único estado de la república en el que los ayuntamientos tienen sus propias comisiones de transparencia. Al aludir a la solicitud de acción de inconstitucionalidad, firmada por la mayoría de los integrantes de los órganos garantes del acceso a la información, entre ellos él y los otro cuatro comisionados del IFAI, dijo que las interpretaciones a la constitución son discutibles, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe resolverlas. Y en este sentido, celebró que haya sido la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla la que haya presentado la solicitud de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pues ello da cuenta de que en Puebla existe un equilibrio de poder, y que es un estado en el que impera el respeto a la institucionalidad.
Finalmente, Lujambio subrayó que la gente del IFAI no viene a Puebla “a dinamitar, sino a construir” y que la transparencia es un espacio de confluencia de ciudadanos.
Así es como tiene que entenderse, las acciones que se realizan en pro de la transparencia y acceso a la información deben sumar.
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