Desde hace más de un año he insistido en que la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla –que se deberá realizar a más tardar el 20 de julio para cumplir el mandato constitucional- representa para nuestros diputados una oportunidad dorada para demostrar su entendimiento y compromiso con el tema, y su voluntad política de transparentar la gestión pública.

Facilitar el acceso a esa información legitima al gobierno, pues los ciudadanos obtienen datos o documentos que les permiten evaluarlo y confiar en él, y aún en el caso de que no realicen solicitudes de acceso –del 17 de febrero de 2006 hasta el 15 de junio de 2008 ha habido 2,689 solicitudes al Poder Ejecutivo- los gobernados confían más en un gobierno transparente, que haya promovido y cuente con una buena ley de transparencia.

En este espacio ya comenté la iniciativa de reforma presentada por la fracción del PAN, que sin ser la octava maravilla dejaría una ley mejor que la actual.
Ayer fueron publicadas, en dos columnas locales –“Garganta profunda”, de Arturo Luna Silva, y “A puerta cerrada”, de Jorge Rodríguez- críticas a una iniciativa de reforma a la ley de transparencia, supuestamente elaborada por la fracción parlamentaria del PRI, a la que ambos tuvieron acceso.

Dicha iniciativa no ha sido formalmente presentada en el Congreso, y llama la atención que algún diputado la haya hecho llegar a los periodistas; pues de entrada es penosa.

El comentario de los columnistas, al que me sumo a partir de lo que escribieron, es que la propuesta de reforma es retrógrada. Es decir, dejaría la ley en un estado peor del que se encuentra, que ya es mucho decir. Una ley que fue evaluada, de acuerdo con un estudio de Limac (Libertad de Información México, A.C.) con 4.83 (sobre 10), lo que coloca a Puebla en el lugar 31 de 33 leyes que hay en México.

En la iniciativa entregada por el PAN se propone la autonomía constitucional a la Comisión de Acceso a la Información Pública, lo que facilitaría su independencia en muchos sentidos. En la iniciativa del PRI se propone que pase de ser “órgano auxiliar del Ejecutivo”, como está actualmente, a “órgano especializado del Ejecutivo”.

Puebla es el único estado de la república cuyo órgano garante de acceso a la información –la CAIP- es órgano auxiliar del Ejecutivo. A estas alturas, en muchos estados, los institutos o comisiones de acceso a la información ya son constitucionalmente autónomos.

Ponerle “especializado” en lugar de “auxiliar”, es querer aparentar que se está cumpliendo con la fracción IV del recién reformado 6º constitucional que dispone “el establecimiento de procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales que gocen de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión (…)”. Pero además de la especialización se necesita autonomía constitucional para que un órgano de este tipo funcione de manera óptima.

La propuesta sugiere que se modifique también el artículo 36, para quedar así: “En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno, con excepción del interés jurídico que se deberá acreditar dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional que no haya causado estado”. Los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que no hayan causado estado no constituyen información pública, por lo que no se podrá solicitar el acceso a ellos y por consiguiente lo de acreditar el interés jurídico sale sobrando.

Lo que no tiene desperdicio es el innovador concepto de “Protección de datos de la vida privada y personales”. Es una redundancia. Los datos de la vida privada forman parte, exactamente, de los datos personales, y deben protegerse.

No todo es malo en esta iniciativa. Proponen algo realmente novedoso en Puebla: un artículo 57 en el que se establecen las tan necesarias sanciones para el incumplimiento de la ley de transparencia. Eso sí que es un paso adelante. Y, todo hay que decirlo, el ordenar las sanciones es una carencia de la iniciativa que entregó Acción Nacional el 29 de mayo en el Congreso.

Sería muy deseable que todos los diputados analizaran de manera muy concienzuda las iniciativas que están sobre la mesa, pidieran la opinión de expertos, académicos, especialistas, usuarios frecuentes de la ley, organizaran algún tipo de foro o consulta… y se atrevieran a reunir lo mejor de todas las iniciativas, para crear una ley que realmente sirva, que no deje a Puebla en los últimos lugares.

Esperemos que la fracción priista no aplique el 26, o dé un albazo. Que en congruencia con el discurso de “gobierno moderno y transparente” haga un esfuerzo por aprobar una buena ley que realmente facilite a los ciudadanos el acceso a la información pública. Estamos en un momento que dará a la legislatura actual la oportunidad dorada de pasar a la historia como los diputados que consolidaron la transparencia en el estado, o de desperdiciarla y contribuir al retraso y la opacidad.