Continuando con el tema de las resistencias por parte del Gobierno en materia de transparencia y acceso a la información, ahora voy a narrarles la vivencia de Ramón Izaguirre Ojeda, consejero de Guanajuato. Seguramente se preguntarán por que con el mismo tema, muy sencillo, porque el gobierno no ha entendido que la información que manejan es pública, le pertenece al ciudadano y según nuestra constitución, el Estado debe garantizarla y proporcionar todos los elementos necesarios para que todas las personas puedan acceder a ella, y por lo tanto no debe haber resistencias por parte de quien esta obligado a informar.

El recuento de los hechos importantes ocurridos en Guanajuato a finales de julio de 2003: es aprobada por el Congreso local la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y sus municipios, de aquí que el gobierno se ve obligado a abordar el tema, esto tras de que dos diputados lanzaron una primera iniciativa. De aquí en adelante surgen una serie de acontecimientos que ahora les podemos llamar resistencias por parte del gobierno. Según el Consejero Izaguirre el 1 de noviembre de 2003 ya debía estar creado y laborando el instituto, los consejeros serían designados por cada uno de los poderes del estado, lo que quiere decir que estos se involucrarían en el tema y se entendería como “dependencia a los poderes”, el director general lo designa el gobernador. En aquel entonces se estableció un acuerdo interno en el que se consideraba que la forma en que menos se lesionaba el funcionamiento del instituto era instituyendo una presidencia rotativa y que un año le correspondiera a cada uno de los tres consejeros. A Ramón Izaguirre le correspondió ser el primer consejero que se sujetaba a un proceso de ratificación, en octubre de 2005 y su proceso de ratificación concluyó con un trámite administrativo frente al gobernador anterior del Estado quien ratifico su nombramiento ahora por 4 años, de 2005 a octubre 2009.

El 23 de octubre pasado, a casi un año de la ratificación aproximadamente a las 8 de la noche, se presentan en su domicilio quien fuera directora general de asuntos jurídicos y visitaduría interna de la Secretaría de Gobierno, con dos abogados para notificarle la  revocación de su nombramiento como consejero, a lo cual el consejero Izaguirre impugnó citada decisión, pues el gobernador había tomado posesión un mes antes y quería nombrar a personas incondicionales a él o a su partido.

Al plantear el amparo solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos, en primera instancia la suspensión provisional fue negada y como resultado del trámite de un recurso de queja fue concedida por el tribunal colegiado, y en su oportunidad se le concedió la suspensión definitiva. No se verifico la entrega-recepción de su cargo, el instituto se dedicó a falsear el hecho de una supuesta acta de entrega-recepción, a fin de dar existencia para lograr que se le negaran los eventos procesales. La falsificación consistió en darle por presente, cuando se encontraba en otra ciudad, a lo cual estaba dispuesto a aportar las pruebas necesarias.

El elaborar un acta falseando los hechos de la misma puede darles una idea de cómo se ejerce la transparencia cuando se quiere torcer una realidad histórica y legal, y esto no sólo ocurre en Guanajuato, sino en todo el país. El día 24 de octubre presentó el amparo, el día 25 se le negó la suspensión provisional, el acta a la que hago referencia de falsificación de hechos se levantó con fecha 29 del mismo mes y el recurso de queja en el que se otorga la suspensión fue concedido el 31 de ese mes, y fue hasta el día 16 de noviembre que se restablecieron sus derechos como consejero al ganar la suspensión definitiva. A la fecha el amparo se encuentra en trámite pendiente de que se termine la audiencia constitucional.

Un par de semanas después de haber sido restituido de sus derechos como consejero los otros dos integrantes de ese organismo plantearon una serie de modificaciones a su reglamente interno. Una de ellas es que ninguno de los consejeros puede asistir a reunión alguna sin el consentimiento expreso del presidente del consejo y la directora general, la otra es que se elimina el voto particular, reduciéndolo sólo a los asuntos jurisdiccionales y no administrativos, ejerciéndolo en las siguientes 24 horas del acuerdo que se vote.

Se han realizado todos los intentos posibles por bloquear la participación de Ramón Izaguirre. A finales de enero del presente fue invitado como ponente a un seminario organizado por el IFAI, la Cámara de Diputados y la Universidad Iberoamericana, el tema: “Reforma al Sexto Constitucional”, a lo cual sus compañeros consejeros negaron los viáticos correspondientes, también negaron el permiso y hablaron con los organizadores para cancelar la invitación, afortunadamente no lo lograron, el siguiente bloqueo ha sido el de la Tercera Semana de Transparencia, para la que plantearon que si su asistencia era a título personal o como consejero del instituto, si fuera como consejero, entonces su ponencia se tendría que aprobar en el pleno, a lo cual se negó rotundamente y exigió no cambiar ni una letra a su participación, amenazaron con no darle viáticos y no disponer de la autorización para asistir, a lo cual no tendría inconveniente pues aceptaba viajar con sus propios recursos. Finalmente se aceptó su ponencia, pidiéndole no comentar en este evento los bloqueos antes citados y mencionarlos como una resistencia a la transparencia por parte del instituto, hechos en lo que no sólo participa el gobierno sino que ahora hasta los institutos en los que se supone se debe defender la transparencia.

En lo que se denomina, por consejeros y comisionados de algunas comisiones e institutos de acceso a la información del país “Código de Buenas Prácticas”, se cree primero que es conveniente y necesario la autonomía de los órganos garantes de transparencia, segundo, la inamovilidad de los consejeros o comisionados a los que no se les podría revocar su nombramiento sino por la comisión de faltas graves, y la no participación de los comisionados o consejeros en actividades partidistas, ya sea como candidatos a cargos de elección popular o teniendo algún cargo de dirigencia en los mismos, a fin de no contaminar con sus intereses su participación en el propio órgano garante de transparencia, dice finalmente Ramón Izaguirre, “habremos dado un pequeño paso para la sociedad, pero un enorme salto para la transparencia”.