RETROCESOS EN LA TRANSPARENCIA

Por Josefina Buxadé Castelán *
Síntesis
11 octubre 2007

“El acceso a la información pública, a secas, no implica necesariamente un avance significativo ni importante en materia de transparencia, rendición de cuentas, estado de derecho ni combate a la corrupción (…) incluso el acceso a la información pública, a secas, puede implicar, si no está bien tutelado, un retroceso en materia de transparencia”. Con estas palabras comenzó John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su ponencia “Reforma al artículo 6º y reformas locales”, dentro de la 3ª Semana de Transparencia organizada hace un par de semanas por la Comisión para el Acceso a la Información Pública.

Dicho así suena alarmante, y lo es. Porque podemos ufanarnos de contar con leyes de transparencia y acceso a la información; pero si éstas no se encuentran suficientemente detalladas, ofrecen ambigüedades, contienen lagunas, o peor aún, permiten prácticas opuestas a la transparencia entonces en vez de ayudar, dificultan o inhiben el acceso.

Decía Ackerman que a partir de las leyes, los servidores públicos saben ahora que cualquier documento en el que estén plasmadas sus acciones puede ser solicitado por cualquier persona, por lo que la reacción natural es documentar lo menos posible.

El investigador comentó que recientemente se realizó una encuesta entre servidores públicos desde jefe de unidad departamental, de la administración pública federal, auspiciada por el IFAI, que concluye que el 30 por ciento de los servidores consideran que a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia se documenta menos, se guardan menos archivos y se guardan menos documentos. Según el estudio, el 25 por ciento de los encuestados dice que se documentan menos los procesos deliberativos.

Como era de esperarse, Ackerman comentó la cuestión de la solicitud de acceso a la información a las boletas públicas de las pasadas elecciones federales, y la decisión final del Tribunal Electoral de crear una nueva categoría de reserva: información “indisponible”.

Estos ejemplos de la percepción de los servidores públicos sobre el acceso a la información y la resolución del Trife denotan que aun con una buena ley de acceso a la información, se encuentran o se inventan recovecos.

Otro aspecto preocupante y relacionado con el anterior: la insistencia de las personas en conocer, a través de solicitudes de acceso, ¡las remuneraciones del personal!”. Es preocupante que a nivel federal, donde las remuneraciones son información pública de oficio –igual que la mayoría de leyes estatales- y después de cuatro años, la mayoría de la gente (35 por ciento) siga preguntando por los sueldos de los funcionarios, en lugar de preguntar sobre las actividades de las instituciones públicas (6 por ciento).

Otro punto que le preocupa a Ackerman es la falta de sanciones por parte de los órganos garantes. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en sus primeros tres años y medio dio vista a los órganos de control interno de las instituciones sólo en 132 ocasiones. De estos casos, la Secretaría de la Función Pública amonestó públicamente al funcionario sólo en dos ocasiones , y en otras cinco se turnó el expediente a la Dirección General de Responsabilidades. Ackerman considera que la facultad de establecer sanciones por parte de los órganos garantes del acceso a la información –comisiones, consejos, institutos- es esencial para que las leyes se cumplan, dijo que “si no hay dientes en las leyes, podemos empezar a ir para atrás en transparencia”.

En este sentido del retroceso expuso que los funcionarios públicos están aprendiendo a interpretar y al final de cuentas a “darle la vuelta a la ley”, lo que no ayuda en nada a la transparencia.

Manifestó que estas prácticas y estas leyes deben formar parte de un proyecto más amplio para transformar el funcionamiento de la administración pública en México.

Ackerman defiende un enfoque proactivo que entiende las leyes de transparencia desde el punto de vista de la sociedad civil, de los académicos, de los periodistas. Un enfoque, con el que concuerdo plenamente, que considera a las leyes de transparencia como una herramienta para fiscalizar, para observar el quehacer del gobierno y al final de cuentas combatir la corrupción y la impunidad que tanto daño han hecho al país.

*Josefina Buxadé Castelán es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP