PROPUESTAS PARA QUE LA TRANSPARENCIA AVANCE

Por Josefina Buxadé Castelán *
Momento
04 octubre 2007

Las resistencias a la transparencia que hay en las diferentes latitudes de la república y los retos que implican las reformas a las leyes en esta materia fueron los ejes de la 3ª Semana de Transparencia, organizada por la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Durante un par de días de la semana pasada, académicos, investigadores, empresarios, integrantes de grupos de la sociedad organizada y miembros de diferentes institutos y comisiones abordaron, desde sus ámbitos, los temas de las barreras que existen actualmente para el acceso a la información pública y que, obviamente, hay que tratar de superar.

La coyuntura actual es propicia, porque a partir de la reforma al artículo 6º de la Constitución, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, todas las leyes en la material –la federal, las de los estados y la del Distrito Federal- deberán ser modificadas para cumplir con el mandato constitucional. Así que el actual es un momento privilegiado para analizar cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que está funcionando adecuadamente; pero también qué es lo que debe corregirse para lograr mayor transparencia.

Varios de los ponentes estuvieron de acuerdo en que la declaración de “inexistencia” de la información es uno de los mayores lastres actuales. Ante una solicitud de acceso a la información, quienes deberían tenerla y entregarla han encontrado una salida para no hacerlo: declaran que tal información no existe. Fin del problema. Si en un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el solicitante se queja, probablemente consiga que el IFAI inste a la autoridad a hacer una “búsqueda exhaustiva de la información”, poco más que eso puede hacer.

Ampliar el concepto de información pública

De ahí que resulte tan importante la propuesta del comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán, quien estuvo en la inauguración de la 3ª Semana de Transparencia, impartió la primera conferencia magistral y ha manifestado que la definición de “información pública” debe cambiar, pues en las leyes actuales se considera así a “toda aquella que obre en documentos en posesión de los sujetos obligados”. Lo que propone Guerrero es que la información pública sea “toda aquella en posesión de los sujetos obligados”. Es decir, si no se encuentra plasmada en un documento o en un medio físico, pero el sujeto obligado la tiene o la debería tener, es información pública y debería entregarse ante una solicitud. Obviamente siempre habrá una mínima parte de información clasificada, que no puede ser entregada, pero la regla es que la información que se encuentra en posesión del gobierno es pública.

Si en las nuevas leyes o en las reformas a las leyes de transparencia se modificara el concepto de lo que es información pública en este sentido estaríamos dando un salto cualitativo en el camino de la transparencia y el acceso a la información.

Con las leyes actuales, si una persona solicita “el sueldo de la comisionada Josefina Buxadé”, una autoridad puede responder, mañosamente, pero en estricto apego a la ley, que la información no está disponible así. No hay ningún documento que se llame “sueldo de la comisionada Buxadé”. Claro que si el sujeto obligado tiene la voluntad de proporcionar la información, lo hará, pero si no, la ley le permitiría evadir la respuesta –en el caso de que no fuera información pública de oficio-. El solicitante puede

pedir algo más concreto, como una copia de la nómina de la segunda quincena de septiembre de 2007 de la CAIP, o una copia de los recibos de nómina del mes de septiembre de 2007 de la comisionada. Es más, en el caso de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), esta información se encuentra en nuestra página (http://caip.org.mx/transparencia/fraccion_iii_
remuneracion.html), en cumplimiento a la fracción III del artículo 9, en el que se establecen las obligaciones de transparencia.

Aquí, un comercial de la CAIP: Somos prácticamente el único sujeto obligado, dentro del Poder Ejecutivo que publica esta información como debe hacerse, con puesto, sueldo, compensación, otras percepciones, percepción neta y percepción bruta.

A lo que iba es que si una persona solicita información y ésta no se halla en un documento, nada obliga a la autoridad a entregarla, incluso muchas leyes de acceso indican que “El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita la fuente en que se encuentre contenida la información”. En la Ley de Puebla esta joya está en el artículo 37. Los puristas y defensores de la opacidad dirán que nada obliga a una autoridad a procesar la información o a cambiarla de formato. Alguien defensor de la transparencia diría que por lo menos hay que hacer la lucha, y dentro de los límites razonables, se puede escanear un número no excesivo de páginas o elaborar un documento que concentre la información que se encuentra en varios. En Puebla, algunos sujetos obligados lo han hecho, y obviamente esto no viola ninguna ley, pues nos regimos por el principio de máxima publicidad de la información.

El investigador John Ackerman, en su conferencia magistral del martes, coincidió con la propuesta de Juan Pablo Guerrero. Hizo hincapié también en la importancia de incluir la “prueba de daño” cuando se niega información por estar clasificada. Es decir, si una autoridad argumenta que entregar cierta información representaría un riesgo para la seguridad o la gobernabilidad, por ejemplo, debe explicar en qué consiste ese riesgo. Y en este caso, dijo, también se debería valorar el riesgo de no entregarla a los ciudadanos.

John Ackerman dijo también que con la reforma al 6º los datos personales quedaron protegidos, es decir en cualquier caso se podrá argumentar que si un documento contiene datos personales, éstos podrán testarse. Y aquí surayó la importancia de diferenciar datos personales íntimos (información clínica, orientación sexual, etcétera) de los datos como el nombre o el estado civil, que constan ya en registros públicos y que dan cuenta de la presencia pública del ciudadano y de los funcionarios.

En fin, que en la 3ª Semana de Transparencia se pusieron sobre la mesa muchos temas muy interesantes para que la transparencia y el acceso a la información pública realmente avancen. En mi próxima entrega continuaré comentándolos.

*Josefina Buxadé Castelán es Comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.