Transparencia en el nuevo sexenio

Por Josefina Buxadé Castelán *
Monitor
4 diciembre 2006

El periodo presidencial que terminó el viernes quedará en la historia como el “sexenio de la transparencia”, y es que en ese lapso México pasó de cero a 31 leyes de transparencia y acceso a la información pública (una federal y 30 estatales).

La Ley Federal y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública son, sin lugar a dudas, de los mayores logros del “gobierno del cambio”. Aunque, en honor a la verdad, habría que aclarar que la promulgación de la Ley no fue en realidad mérito del presidente Fox. Quien tuvo un papel decisivo en la elaboración de la Ley y en subir a la agenda informativa el tema del acceso a la información pública fue el “Grupo Oaxaca”.

Es muy probable que el gobierno foxista haya aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin saber lo que aprobaba, sin darse cuenta de las dimensiones de este acto. Con el tiempo se vio que no todos los integrantes del gabinete foxista –con ejemplos claros en la misma Presidencia o en la oficina de apoyo a la señora Marta- tuvieron interés en dar a conocer la información pública; pero esto no le quita a Fox la medalla de ser el presidente bajo cuyo gobierno se instauró la transparencia en el país.

Desde la aprobación de la Ley Federal ha habido altibajos. Ha habido reconocimientos al Instituto Federal de Acceso a la Información y también embestidas; pero a pesar de todos los pesares puede decirse que México ha cambiado en el tema de transparencia; que ahora es posible obtener información que hace cinco años sería impensable conocer. Incluso la Ley Federal y el funcionamiento del IFAI han impulsado, de alguna manera, la creación de leyes y órganos garantes en prácticamente todo el país. Actualmente, sólo dos estados no han aprobado leyes en la materia (Hidalgo y Tabasco), y si bien hay grandes diferencias en legislaciones, presupuestos y demás apoyos a los órganos garantes, es cierto que la puerta se ha abierto y que depende de todos los actores involucrados en el proceso que se abra aún más.

Hay que reconocer que no todo ha sido fácil en materia de acceso a la información. No sólo por los miles de documentos que se tienen que archivar y clasificar en cada uno de los órganos de gobierno; sino por la inercia de parte de los servidores públicos a no otorgar la información. Ya lo mencionaban Jenaro Villamil y Miguel Carbonell (ambos miembros originales del Grupo Oaxaca) en la Segunda Semana de Transparencia y Acceso a la Información

organizada por la CAIP en octubre pasado: algunos funcionarios públicos siguen con la creencia de que la información es suya. No entienden fácilmente que es pública, es de la gente; es decir la información que administra el gobierno no es de sus gobernantes; es de los gobernados, y éstos tienen derecho a consultarla, a pedir copias de prácticamente cualquier documento.

La falta de entendimiento de lo que es el acceso a la información pública se puso de manifiesto este año en Jalisco. Su Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) ha sufrido una embestida –traducida en una iniciativa de reforma a la ley- por sancionar a varios servidores por no entregar información pública, entre ellos el mismo gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien ahora es el secretario de Gobernación en el gabinete de Felipe Calderón.

Calderón, durante su campaña a la Presidencia retomó la propuesta –realizada por algunos académicos y por el propio IFAI, y ahora enarbolada también por la Conago- de elevar la transparencia a nivel constitucional. Se ha sugerido que en la Constitución se establezca un “piso mínimo” de las obligaciones y condiciones que deberían cumplirse en todas las legislaciones.

Los ciudadanos tenemos el deber de exigirle al nuevo presidente que cumpla su ofrecimiento y que durante su gestión la administración pública sea transparente, que haya una exhaustiva rendición de cuentas y que todos los funcionarios respeten la ley que les obliga a entregar la información pública a las personas que la solicitan.

Durante el sexenio que recién inicia se tendrá que consolidar la transparencia y el acceso a la información pública tanto a nivel federal como en los distintos niveles de gobierno. Hay que recordar que el derecho de acceso a la información pública no tiene partido ni color, es un derecho universal que en nuestro país prácticamente ha sido una conquista ciudadana. No podemos permitir retrocesos en la materia. Lo que sí tenemos que hacer es ejercer el derecho, poner en uso la ley, poner a prueba a las comisiones o institutos garantes. Hagamos uso de este derecho ciudadano cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de las personas.