LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A SABER

Antonio Juárez Acevedo*
El Heraldo
28 noviembre 2006

Ya en otras ocasiones se ha hablado de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, pero ¿para qué nos sirve saber?

La información es un elemento relevante e indispensable para todas las personas ya que, a partir de ella, se pueden tomar decisiones sobre diversos aspectos de la vida.

Un ejemplo muy sencillo de la utilidad social que la transparencia y el acceso a la información pueden tener es el siguiente: si una persona desea saber a qué escuela inscribir a sus hijos, puede realizar una solicitud de información a la SEP, preguntando cuáles son las escuelas que presentan mejor nivel académico de acuerdo a sus estándares, las que mejor evaluación tienen en cuanto a maestros, instalaciones y otras cuestiones; a partir de esta respuesta las personas pueden tener mayores elementos para decidir en qué escuela inscribir a sus hijos. Lo mismo cuando se busca un lugar para vivir. Se puede realizar una solicitud de información sobre servicios públicos, factibilidad de uso de suelo, trámites, entre otras.

El derecho de acceso a la información se ha visto fortalecido a partir de la entrada en vigor de las diversas leyes de transparencia de los diferentes Estados de la República, ya que estas leyes constituyen un avance democrático y colocan a la transparencia como una herramienta de control del poder a través de la participación activa de la ciudadanía.

Sin embargo, se presentan una serie de problemas que han entorpecido el desarrollo cabal de la cultura de la transparencia y el acceso a la información, como el poco interés que muestra la sociedad civil sobre el asunto, lo cual, no es sino resultado de la poca difusión y de que las personas no conozcan todas las ventajas que este derecho les otorga.

A lo anterior se suma la problemática legal, es decir, las lagunas que existen en las leyes de transparencia, la regulación poco práctica de algunas situaciones, la falta de una ley aplicable en materia de archivos y una normatividad específica sobre datos personales.

Debe trabajarse por difundir entre la sociedad los alcances del derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia y, sobre todo, por exigir de las autoridades cumplimiento a las normas que rigen su actuación pública.

Actualmente, la transparencia está considerada como una política pública indispensable en los gobiernos democráticos, lo cual hace que la tarea de los órganos garantes de la transparencia en el país tome mayor relevancia. Es por esto, que los estudiosos de la materia han planteado en una serie de foros relativos al tema, como lo fue la Segunda Semana de la Transparencia en nuestro estado, la posibilidad de establecer en la Constitución una serie de garantías mínimas del derecho a la información, con lo cual los ciudadanos tendrán mejor definidos los alcances de este derecho.

Por último, cabe recordar que las personas deben tener en cuenta que este derecho no sólo depende de la autoridad y no sólo se trata de preguntar.

El derecho de acceso a la información y la transparencia requiere que las personas pregunten y exijan a las autoridades que cumplan con la obligación de contestar y de dar información sobre su actividad.