El periodo presidencial que termina este viernes probablemente pasará a la historia como el “sexenio de la transparencia”, y es que en este lapso México pasó de cero a 31 leyes de transparencia y acceso a la información pública (una federal y 30 estatales).

La Ley Federal y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública son, sin lugar a dudas, de los mayores logros del “gobierno del cambio”. Aunque, en honor a la verdad, habría que aclarar que la promulgación de la Ley no fue en realidad mérito del gabinete del presidente Fox. Quien tuvo un papel decisivo en la elaboración de la Ley y en subir a la agenda informativa el tema del acceso a la información pública fue el “Grupo Oaxaca”.

El Grupo Oaxaca

El ahora conocido como “Grupo Oaxaca” surgió en el Seminario Nacional “Derecho a la Información y Reforma Democrática” que se realizó los días 23 y 24 de mayo de 2001 en la ciudad de Oaxaca. A este encuentro acudieron académicos, intelectuales y periodistas involucrados en el tema, tales como Luis Javier Solana y Robert Rock, de El Universal; Jenaro Villamil, de La Jornada; Miguel Bernardo Treviño y Sergio Elías Gutiérrez, del Reforma; Juan Francisco Escobedo, Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla, de la Universidad Iberoamericana; Salvador Nava Gomar, de la Universidad Anáhuac; y Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; entre otros. Al finalizar el Seminario, los participantes elaboraron la Declaración Oaxaca en la que se estableció el objetivo de formular e impulsar la aprobación de una ley que obligara a los diferentes órganos del estado, que estableciera sanciones a los servidores que injustificadamente no proporcionaran la información solicitada; una ley cuyas excepciones fueran mínimas; que considerara la creación de un órgano independiente para resolver las controversias entre los particulares y la autoridad, y que reformara las disposiciones jurídicas y reglamentos que se oponían al derecho de acceso a la información.

Después de introducir el tema en la agenda pública, el Grupo Oaxaca demandó al gobierno que presentara una iniciativa de ley. Cuando el Grupo conoció la iniciativa del gobierno y comprobó que no reunía los mínimos exigidos consiguió que salieran al debate público los borradores de la iniciativa, pero ante las señales que daba el gobierno, se dudó de la intención que tenía de regular el acceso a la información y entonces el Grupo Oaxaca formuló su propia iniciativa de ley. Con el apoyo de los medios involucrados en el grupo, se consiguió poner en la agenda los contenidos mínimos de ley que proponía el Grupo Oaxaca y afianzar su liderazgo. Por su parte, el gobierno foxista convocó a una serie de foros de consulta pública en lo que pareció un esfuerzo por minimizar la iniciativa del Grupo Oaxaca. La posición de algunos diarios fue determinante. En particular, el Reforma publicó un desplegado de una plana (el 25 de octubre de 2001) en el que decía ¡NO! a la consulta propuesta por el gobierno. El gobierno de Fox, en lugar de buscar el diálogo con el Grupo Oaxaca decidió confrontarlo.

El Grupo, por su parte, comenzó a cabildear con las diferentes facciones de la Cámara de Diputados su iniciativa, y el 11 de octubre entregó formalmente su propuesta de Iniciativa Ciudadana de Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Cincuenta días después, el Poder Ejecutivo envió al Congreso su propia iniciativa. El Grupo Oaxaca consiguió cabildear la suya, para que se convirtiera en una iniciativa formal, de tal manera que la Comisión Legislativa se viera obligada a dictaminar las dos propuestas. El entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, propuso que se integrara una mesa de negociación con los diputados y representantes del Grupo Oaxaca, con lo que se consiguió un altísimo porcentaje de acuerdos. Posteriormente, la iniciativa pasó a la Cámara de Senadores, y gracias al cabildeo realizado por el Grupo Oaxaca con los priistas se consiguió la aprobación de la Ley.

Altibajos más altos que bajos en transparencia

En alguna charla informal, uno de los integrantes del Grupo Oaxaca comentó que “el gobierno foxista había aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin saber lo que aprobaba, sin darse cuenta de las dimensiones de este paso”. Efectivamente, con el tiempo se vio que no todos los integrantes del gabinete foxista –con ejemplos claros en la misma Presidencia o en la oficina de apoyo a la señora Marta- tuvieron interés en dar a conocer la información pública; pero esto no le quita a Fox la medalla de ser el presidente bajo cuyo gobierno se instauró la transparencia en el país.

Desde la aprobación de la Ley Federal ha habido altibajos. Ha habido reconocimientos al Instituto Federal de Acceso a la Información y también embestidas –como la de febrero de este año, cuando los senadores panistas Jorge Zermeño Infante y Fauzi Hamdan Amad presentaron una iniciativa para que las dependencias y entidades del gobierno federal pudieran interponer litigios cuando el IFAI resolviera a favor de entregar la información a los ciudadanos-; pero a pesar de todos los pesares puede decirse que México ha cambiado en el tema de transparencia; que ahora es posible obtener información que hace cinco años sería impensable conocer. Incluso la ley federal y el funcionamiento del IFAI han impulsado, de alguna manera, la creación de leyes y órganos garantes en prácticamente todo el país. Actualmente, sólo dos estados no han aprobado leyes en la materia (Hidalgo y Tabasco), y si bien hay grandes diferencias en legislaciones, presupuestos y demás apoyos a los órganos garantes, es cierto que la puerta se ha abierto y que depende de todos los actores involucrados en el proceso que se abra aún más.

Hay que reconocer que  no todo ha sido fácil en materia de acceso a la información. No sólo por los miles de documentos que se tienen que archivar y clasificar en cada uno de los órganos de gobierno; sino por la inercia esperada de parte de los servidores públicos a otorgar la información. Ya lo mencionaban Jenaro Villamil y Miguel Carbonell (ambos miembros originales del Grupo Oaxaca) en la Segunda Semana de Transparencia y Acceso a la Información organizada por la CAIP en octubre pasado, algunos funcionarios públicos siguen con la creencia de que la información es suya, no entienden fácilmente que es pública, es de la gente; es decir la información que administra el gobierno es de los gobernados, no de sus gobernantes.

La falta de entendimiento de lo que es el acceso a la información pública, se puso de manifiesto este año en Jalisco. Su Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) ha sufrido una embestida –traducida en una iniciativa de reforma a la ley- por sancionar a varios servidores por no entregar información pública, entre ellos el mismo gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien, como se recordará, se perfila para fungir como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente electo, Felipe Calderón.

Durante el próximo sexenio se tendrá que consolidar la transparencia y el acceso a la información pública tanto a nivel federal como en los distintos niveles de gobierno. Hay que recordar que el derecho a la información –que incluye el derecho de acceso a la información pública- no tiene partido ni color, es un derecho universal que en nuestro país prácticamente ha sido una conquista ciudadana y no podemos permitir retrocesos en la materia. Lo que sí tenemos que hacer, es ejercer el derecho, poner en uso la ley, poner a prueba a las comisiones, la CAIP entre ellas, no una ni dos, sino varias veces. Hagamos uso de este derecho ciudadano.