Durante los últimos días de agosto, se realizó en la Ciudad de México la 3ª Semana Nacional de Transparencia, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). En esta ocasión, los temas tratados giraron alrededor de las tendencias mundiales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y aunque las comparaciones son odiosas, este ejercicio permitió analizar cuál es la situación de México en relación con otros países. De acuerdo con el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, el propósito fue “voltear la mirada hacia fuera porque queremos reconocernos como parte de un movimiento universal a favor de la transparencia y el acceso a la información pública y porque queremos aprender de las experiencias de los otros”.  Recordó que la transparencia es una asignatura obligada para ser parte del “concierto democrático de las naciones” y mencionó también que las modernas democracias deben trabajar con un tipo de ciudadanía más compleja, culta, políticamente más sofisticada, interconectada con el mundo y, por lo mismo, con mayores necesidades de información.

Lujambio considera que, en México, la transparencia y el acceso a la información constituyen una “auténtica reforma política nacional, una creación institucional llamada a democratizar drásticamente el espacio político”, y que el IFAI comparte esta misión con las comisiones locales. Reconoció el trabajo de los órganos garantes de acceso a la información de la república, pero también hizo un llamado para elevar la exigencia, para caminar juntos en la generación de criterios de apertura, en el apoyo y en la realización de proyectos comunes.

Comentó que del mismo modo que un retroceso federal frenaría la transparencia local, “el enmohecimiento de la transparencia de los estados o municipios terminaría dañando la práctica federal”.

Constitucionalización del acceso a la información pública

En la inauguración de las actividades, además de los cinco comisionados del IFAI, estuvieron como invitados Federico Reyes Heroles y José Woldenberg. Tanto el presidente del IFAI como Woldenberg, hablaron durante sus intervenciones de la conveniencia de constitucionalizar el derecho de acceso a la información pública. El mismo tema fue abordado en una mesa específica en la que participaron  Sergio López Ayllón, Héctor Fix Fierro y Diego Valadés. La propuesta es que en la Constitución de México se establezca un piso mínimo que garantice el derecho a todos los niveles de gobierno, en toda la república. En otras ocasiones se ha comentado la gran heterogeneidad de las leyes locales, que provoca que en algunos estados el acceso a la información sea más fácil, más rápido o garantizado por órganos autónomos, mientras en otros el acceso se complica o de plano se dificulta.

Woldenberg manifestó que la constitucionalización serviría para fortalecer lo hasta ahora logrado y blindarlo de eventuales operaciones contrarias a la transparencia. “No se trata –como bien dicen Lujambio y Becerra- de decretar una homogeneidad forzada, pero sí un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la compleja democracia mexicana”, afirmó. Y recordó un cita de Sergio López Ayllón en la que menciona que se debe precisar a nivel constitucional cuáles son los estándares mínimos del derecho de acceso a la información.

Lujambio comentó que “desde el IFAI hemos visto aparecer fenómenos ominosos como un elenco de estratagemas para medir la transparencia, desde el diseño ostentosamente defectuoso del arreglo institucional, hasta los intentos de reforma legar en sentido regresivo. Habló del caso de contrarreforma en Jalisco, del que escribimos en este espacio hace tres semanas, y comentó que existe una permanente amenaza de cambios legislativos, por lo que para poner el derecho de acceso a la información a salvo es preciso colocarlo en el nivel de la exigencia constitucional.

El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública hizo hincapié que la propuesta de que el derecho de acceso a la información sea constitucionalmente garantizado no pretende, para nada, la autonomía constitucional del IFAI, sino que el acceso a la información cuente con referentes mínimos en todo el país.

Resistencia al acceso

Lujambio dijo de manera muy explícita que el despliegue del acceso  a la información se ha abierto paso a codazos, venciendo inercias, intereses creados y desarrollándose en medio de un exuberante bosque jurídico, chocando con otros derechos y otras leyes; pero reconoció el apoyo de los ciudadanos, de las ONG, de los medios de comunicación y de amplios sectores de la administración pública federal. Ha habido apoyos pero también incomprensión y resistencias.

Sin lugar a dudas el acceso a la información pública constituye una nueva cultura, tan nueva que todavía no se generaliza. Son pocos los servidores públicos que no tienen miedo de proporcionar a los ciudadanos la información que les piden. Son pocos los ciudadanos –en relación con el universo de la población- que utilizan regularmente este derecho. No es de extrañarse, por la novedad del tema, pero sí es sorprendente, por todo lo que se puede obtener de su ejercicio. Los gobiernos transparentes y que proporcionan información se legitiman, dan cuenta de su buen actuar; los ciudadanos bien informados tomarán mejores decisiones que repercutirán, al final, en un mejor nivel de vida.