LA AUTONOMÍA DE LOS COMISIONADOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Antonio Juárez Acevedo*
El Heraldo
5 septiembre 2006

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2006 organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) inaugurada el pasado 28 de agosto, se trataron diversos temas de gran importancia y actualidad en torno de la transparencia y la rendición de cuentas.

El IFAI se ha preocupado desde su creación por la difusión de la cultura de la transparencia y por consolidarse como una institución que garantice a los ciudadanos el derecho a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública federal.

Recientemente fue electo como Presidente del IFAI el Comisionado Alonso Lujambio Irazábal, su elección como Presidente del Instituto ha resultado de cierto modo atípica, pues quien presidía el IFAI, la Comisionada Marván renunció a su cargo de Presidenta a unas semanas de terminar su encargo por lo que tuvo que realizarse una elección de Presidente del Instituto resultando electo el Comisionado de más reciente incorporación al IFAI.

Lujambio, en su discurso inaugural del 28 de agosto hizo un reconocimiento al trabajo de sus colegas Comisionados del IFAI y enfatizó los logros y la contribución del IFAI a la construcción de un sólido sustento jurídico por la transparencia, argumentado además que no es él quien garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información sino el IFAI y es el Instituto como autoridad suprema frente a los Comisionados quien decide quién y qué asunto no debe abordarse.

Ante esta situación y ante diversas manifestaciones que en torno al asunto se han presentado, el Comisionado Juan Pablo Guerrero comentó que el IFAI se está consolidando como una institución independiente, autónoma y legítima, garante del derecho a la información.

Dijo también que frente a un escenario de enfrentamiento y descrédito de las instituciones el IFAI debe conservar su credibilidad manteniéndose fuera de cualquier cuestionamiento que ponga en tela de juicio sus decisiones y que la legitimidad del Instituto en la práctica se ha sustentado en la integridad moral, la independencia y la autonomía de

los comisionados que integran el pleno. Asimismo, convocó a los comisionados a establecer criterios para evitar el conflicto de interés y se comprometió a llevar una propuesta de lineamientos para definir los casos en donde los miembros del pleno se tengan que excluir de conocer asuntos, recursos, ser ponentes y votar en los recursos de revisión en donde haya conflicto.

Este tipo de cuestionamientos que se han hecho al Presidente del IFAI, no derivan del trabajo del Instituto, que hasta ahora se ha distinguido por su imparcialidad, independencia, autonomía y objetividad en sus resoluciones, sino que se refiere en gran parte del procedimiento a través del cual los Comisionados de ese Instituto son electos.

El IFAI está integrado por cinco comisionados quienes son nombrados por el Presidente de la República y estos nombramientos sólo pueden ser objetados por mayoría de votos en el Senado, lo cual podría llevar a vincular de algún modo a los Comisionados propuestos con el Ejecutivo Federal.

Ahí radica primordialmente el cuestionamiento planteado y no así al trabajo realizado como ya se mencionó y más aún dentro del contexto político que vivimos actualmente.

En nuestro Estado, la situación es completamente diferente. La Comisión para el Acceso a la Información Pública es un organismo ciudadano y, a diferencia del IFAI, la elección de los Comisionados se hace a través de una convocatoria abierta a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos que establece nuestra Ley, por lo que los miembros de la Comisión son electos por los diputados, es decir, son electos por un órgano formado por varias personas y no por un solo individuo, una vez electos no nos encontramos subordinados a autoridad alguna con relación a nuestra toma de decisiones, las cuales se adoptan con plena independencia y de manera colegiada, por lo cual resulta improbable que se presente algún tipo de conflicto de intereses al momento de conocer de algún asunto en particular, sobre todo tratándose de intereses de índole político.