Retroceso en Jalisco en materia de transparencia

Por Josefina Buxadé Castelán *
Momento
8 agosto 2006

El 13 de julio, justo en la efervescencia poselectoral y durante las vacaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) de Jalisco, las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, que había entrado en vigor hace menos de un año, aprobada por la misma legislatura.

El golpe guarda gran semejanza con el que se pretendió dar a nivel federal en febrero de este año, cuando los senadores panistas Zermeño y Hamdan presentaron una iniciativa para que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa fuera facultado para conocer las resoluciones administrativas favorables a un particular en materia de acceso a la información pública. Es decir, se pretendía que cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) fallara a favor de un ciudadano, las dependencias del gobierno federal podrían interponer litigios para no entregar la información. Después de que la iniciativa fuera presentada en el Senado, el 8 de marzo el IFAI ofreció una conferencia de prensa en la que fijó su postura de rechazo a la iniciativa. Fue tan grande la presión mediática y del IFAI y la desaprobación social, que al otro día de la conferencia de prensa los senadores panistas anunciaron que retirarían su propuesta.

En el caso de Jalisco no ha habido tanta suerte. Probablemente por el fuerte enfrentamiento que existe entre el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) y varios actores sociales, entre ellos el mismo gobernador del estado.

El año pasado, un ciudadano solicitó una copia simple del recibo de nómina de varios funcionarios. La mayoría de los servidores públicos entregó la copia, pero el gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña se negó a hacerlo. El ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el ITEI, que resolvió a su favor e instruyó al gobernador a entregar la copia al ciudadano. Ante la resistencia del titular del Ejecutivo, el 30 de noviembre el ITEI emitió una amonestación pública y determinó una sanción equivalente a 50 días de salario mínimo al gobernador jalisciense, además de una demanda penal por abuso de autoridad por no haber cumplido la Ley. En diciembre del año pasado hubo una amonestación y una sanción similares contra el presidente municipal del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz; en enero de este año contra el presidente municipal de Zapopan; y en febrero hubo una amonestación pública, sanción, denuncia penal y multa contra el presidente municipal de Guadalajara. En marzo se amonestó y multó a la UdeG y también a un funcionario del Congreso.

Estas sanciones crearon animadversión entre varios funcionarios públicos y llevaron a la iniciativa de refomar la Ley, que más que una medida jurídica parece una medida política para limitar al ITEI.

Hay que recordar que Jalisco es la entidad pionera en materia de ley de transparencia; pues fue la primera ley publicada, incluso antes de la Federal, el 20 de enero de 2002. Esta primera ley fue reformada en 2004, después de una reforma a la Constitución local, y entró en vigor el 23 de septiembre de 2005.

Entre otras modificaciones, en la reforma, los legisladores consideraron la creación del Instituto de Transparencia e Información Pública como organismo autónomo y con facultades de proponer sanciones a los sujetos obligados que no cumplieran con la Ley. La de Jalisco era, hasta ahora, una ley de avanzada.

También cabe recordar que el 22 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una histórica controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Guadalajara por la creación del Instituto de Transparencia e Información Pública. El máximo tribunal de la nación resolvió por unanimidad de ocho votos que los estados pueden crear órganos constitucionalmente autónomos para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Con respecto a que si el órgano autónomo de Jalisco tiene facultades sobre los municipios para obligarlos a cumplir las leyes de la materia, la votación en la Corte estuvo dividida en cinco votos a favor y tres en contra, por lo que también se aprobó.

Por un lado, la Corte avala al órgano de transparencia; por otra, el Congreso local intenta coartarlo. La contrarreforma actual pretende reformar diversos ordenamientos legales, para despenalizar los incumplimientos de los sujetos obligados; también pretende que los consejeros del Instituto –cuyo cargo es honorario, excepto el del presidente- rindan declaración patrimonial y sean sometidos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; por tanto, sujetos a juicios de procedencia y juicio político. Así mismo, que el Consejo del ITEI pueda sesionar sin la presencia de su presidente. También se propone que el Tribunal Administrativo pueda conocer y resolver controversias en materia de transparencia. Por cuanto hace a los ciudadanos, con la contrarreforma, en los casos turnados a tribunales tendrían que contratar a un abogado e interponer juicios para solicitar información y esperar hasta dos años para recibir la información pública que ahora reciben en aproximadamente un mes.

Aunque el ITEI es la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información en el Estado de Jalisco, no fue informado de la iniciativa para reformar la Ley. Su presidente, Augusto Valencia López, ha convocado a conferencias de prensa para manifestar el enérgico pronunciamiento del ITEI en contra de la reforma y para exhortar a los diputados a velar por el bienestar de los jalisciences y proteger el derecho de acceso a la información pública.

Como he dicho en otras ocasiones, en materia de transparencia, no se debe dar ni un paso atrás. Todas las iniciativas y las propuestas deben ser para aumentar la transparencia, para mejorar el ejercicio del derecho ciudadano, y en ningún caso limitarlo.

El 13 de septiembre es el plazo que tiene la Comisión de Participación Ciudadana para emitir su fallo con respecto a la propuesta. Por el bien de la transparencia y del acceso a la información, esperemos que no se acepte la reforma.