EVALUACIÓN CIUDADANA

Por Roberto Díaz Sáenz*
Cambio
6 julio 2006

En América Latina los temas de transparencia y acceder a la información pública han tenido su aceptación bajo el atractivo de que aminoran la corrupción, provocan la eficiencia de los servidores públicos y mejoran la calidad de vida de las personas, dado que al contar con una ley que les garantiza el derecho de saber se pueden tomar mejores decisiones. Desafortunadamente estas ventajas no han tenido el impacto deseado en las personas, en los gobernados. Algunas de las razones se deben, por ejemplo, la falta de espacios para debatir y abogar por el respeto al derecho de acceso a la información pública. El fenómeno cultural, como cualquier otro, requiere de tiempo para socializar el conocimiento. La falta de homogeneidad en las diferentes legislaciones y la falta de comunicación entre autoridades y grupos de la sociedad civil, también influyen en esa falta de impacto. México es punta de lanza en relación con los otros países de América Latina, ya que cuenta a nivel Federal con un órgano con autonomía legal para resolver las controversias sobre el acceso de la información pública; los medios de comunicación, sobre todo escrita, están haciendo uso de este derecho y los Estados de la República a excepción de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, ya cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información pública.

Otro tema que surgió con la publicación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, es el del respeto a la vida privada y en especial a los datos que de los gobernados tienen las autoridades y de la prohibición de su circulación o entrega a terceros sin la autorización de su titular. Los medios electrónicos, la velocidad que existe para compartir información y las jugosas ganancias que pueden generar los padrones que contienen información de las personas en el comercio han llamado la atención a los legisladores, pero el esfuerzo aún no ha concluido. Si bien en las leyes existentes se ha aprovechado para regular, en parte, la protección de esos datos confidenciales en poder del gobierno, no menos cierto resulta que, salvo honrosas excepciones (1), la información de los particulares o clientes que administran las empresas privadas no tienen regulación legal alguna. En este apartado Colima cuenta con una ley al respecto cuya aplicación es para los “datos de carácter personal que sean registrados en cualquier soporte físico que permita su tratamiento, tanto por parte del sector público como privado dentro del Estado” (2) las sanciones son económicas y van de 50 a 10,000 unidades de salario que se ejecutan como créditos fiscales en contra de los infractores. Existe un pendiente legislativo en el Congreso Federal y en los Congresos Locales.

En nuestro país el derecho de acceso a la información pública requiere de una política educativa, tanto gubernamental como en las instituciones privadas, que promuevan y patrocinen la preparación en este tema; es una realidad que en los estudios tanto de pregrado como en los de posgrado se omita esta materia de estudio. De la misma forma es necesaria una bibliografía mayor dada la falta de demanda. En la medida en que esta política se desarrolle, la población irá dando la importancia que se merece el acceder a la información pública.

Hemos vivido una etapa donde los candidatos a un cargo de elección popular constantemente se descalificaron; acción tradicionalmente utilizada en campañas electorales en México y poco afortunada por ejemplo, recientemente el Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicó que el 70 % de los ciudadanos no están de acuerdo con el desempeño del Congreso Federal (síntoma inequívoco de una sanción social y de pérdida de confianza). Casualmente la proporción de abstinencia en las jornadas electorales es esa. Sin embargo, existen nuevos mecanismos para que el interés de las personas y su respectiva confianza sea recuperada y con ello participen en las políticas públicas; recordemos que el poder mas importante se encuentra en el pueblo y, al tener en sus manos la decisión de quiénes tomarán decisiones en su representación, se vuelve muy importante afrontar la responsabilidad como ciudadano. La posibilidad de evaluar a las autoridades puede reducirse en tiempo si tomamos en cuenta, por ejemplo que en nuestro Estado ya no será cada 3 ó 6 años lo que hay que esperar para evaluar, entre otras cosas, a los servidores públicos, sino cada vez que queramos, por ejemplo a través de las solicitudes de acceso a la información las personas tienen el derecho desde el 17 de febrero pasado para preguntarle a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en general aquellas que administran recursos públicos todo lo que deseamos saber.

El ejercicio de éste derecho propiciará mayor eficacia en la actividad gubernamental, reducción en los índices de corrupción y beneficios en la calidad de vida de las personas; la verdad es todo aquello que se anuncia tal y como es, este es un valor que alimenta la confianza y es algo que los gobiernos modernos cumplen.