En Puebla, algunos ciudadanos desconfían del gobierno, quizá más después de los hechos de febrero. Sin embargo, las autoridades tienen en sus manos una herramienta que podrían utilizar para aumentar su credibilidad y legitimarse ante los gobernados. Esta herramienta es la transparencia y el acceso a la información pública.

Por ley, las personas pueden preguntarle al gobierno lo que les interese saber, pueden solicitarle copias de documentos; y las autoridades deben responderles de manera veraz.

El jueves pasado, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) ofreció una conferencia de prensa para informar cómo han cumplido la autoridades la ley durante este primer mes en el que ya deben estar en sus páginas electrónicas todas las obligaciones de transparencia marcadas en el artículo 9, y ya se han presentado las primeras solicitudes de acceso a la información pública.

Hasta la semana pasada, y de acuerdo con una evaluación realizada por la propia CAIP, las dependencias habían obtenido un 8.2 de promedio como calificación en sus páginas electrónicas. ¿Quiere esto decir que ya está superada la prueba de la transparencia? No. Desafortunadamente, ese 82 por ciento es un indicador de la información que se encuentra en las páginas, pero no necesariamente implica una real apertura. El instrumento de medición utilizado por la CAIP consiste en determinar, con un “sí” o un “no”, si se cumple determinada fracción.

En el renglón de remuneraciones, por ejemplo, que es uno de los más comentados y discutidos porque a la gente le despierta interés saber cuál es el sueldo de los funcionarios, las dependencias se limitaron a publicar un tabulador –el mismo en todas las dependencias- en el que se establece como sueldo por cargo un rango (tope mínimo y tope máximo), sin desglosar ni especificar nada. ¿Estrictamente se está cumpliendo con la ley? Estrictamente, sí. ¿Eso es transparencia? No. ¿Esa información le aclara a la gente lo que quiere saber? Definitivamente no.

En la calificación de ese rubro, no se les puede poner a las dependencias “no”, porque sí publicaron la información, que es lo que considera el instrumento de medición; pero no la pusieron completa, no es abierta, no es transparente, no es lo que se esperaba.

En este sentido, el presidente de la CAIP, Roberto Díaz Sáenz, invitó a los periodistas a revisar cómo decidió la Comisión dar cumplimiento a la fracción III. El Pleno optó por publicar: puesto, sueldo, compensación, despensa, percepción bruta, ISPT,

ISSSTEP, seguro de vida, total deducciones, percepción neta e incluso las prestaciones anuales (prima vacacional, vacaciones, aguinaldo). No faltó el medio que tomó esa información como la nota. Son los costos de la transparencia, y la CAIP los asume. Al final del día, la transparencia es más importante que el sueldo que pueda ganar y hacer público un funcionario.

La CAIP está preocupada por esta situación de cumplimiento a medias y lleva a cabo reuniones de trabajo con la dependencias, para concientizarlas con respecto a la importancia y el sentido real de la transparencia.

Por lo que se refiere a las  solicitudes de información, en la misma conferencia de prensa se dio a conocer que hasta esa fecha se habían recibido en el Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades, 121 solicitudes, de las cuales el 40 por ciento ya habían sido concluidas. Esos datos se proporcionaron con base en información que hizo llegar a la CAIP la Fiscalía Anticorrupción. Se dijo incluso que en promedio las respuestas se estaban proporcionando en 3 días, cuando el plazo establecido por la ley es de 15 días hábiles.

A partir de la conferencia de prensa, algunas personas comenzaron a llamar a la CAIP para comentar que habían hecho solicitudes de información y la respuesta de la autoridad era que “la solicitud había sido rechazada”, o que se tenían que presentar personalmente, con una identificación oficial, para solicitarla, o que la información era “reservada”. Otra vez, no se ha entendido el sentido del acceso a la información. La CAIP invitó a esas personas a interponer a la brevedad un recurso de revisión, para que sea la Comisión quien analice las respuestas proporcionadas por las autoridades y en su caso las revoque.

Hasta el momento (ayer, lunes, al mediodía) no se ha recibido ningún recurso de revisión. Por tanto, no se vale decir que la Comisión para el Acceso a la Información Pública no sirve de nada o no está funcionando. Cuando lleguen los primeros recursos –siempre en los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que la autoridad negó la información o la entregó incompleta- los ciudadanos tendrán la oportunidad de constatar que la CAIP sí sirve, sí les sirve. La CAIP está para servirle a la sociedad. La CAIP está para vigilar que el derecho de acceso a la información pública se cumpla con plenitud y con garantías.

Si el gobierno cumpliera, si el gobierno contestara adecuadamente, podría legitimarse y generar confianza.