SIN MIEDO A PREGUNTAR, SIN MIEDO A CONTESTAR

Por Josefina Buxadé Castelán *
El Heraldo
6 febrero 2006

El miércoles de la semana pasada visité por cuestiones de trabajo la oficina de un funcionario del gobierno que no estaba muy enterado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Tuvimos una plática interesante, y al explicarle que a partir del 17 de febrero todas las personas podrán preguntarle al gobierno de Puebla lo que les interese saber, tuvo muchas de las reacciones que manifiestan los empleados del gobierno cuando abordan el tema.

¿Se puede preguntar todo?
Una de sus principales preocupaciones es si se podrá preguntar todo. Sí. ¿Todo de todo? Pues sí, el principio que impregna la ley es que la información es pública. Prácticamente toda la información que tiene el gobierno es pública. ¿Por qué? Porque los ciudadanos eligen a sus gobernantes y delegan en ellos la administración de los recursos públicos, así que tienen derecho de saber cómo se administran esos recursos y los demás bienes que administra el gobierno. Por tanto las personas tienen derecho a preguntar cómo se están gastando esos dineros, y el gobierno la obligación de responder con la verdad.
Como dice Javier García Blanco, la información es pública mientras no se demuestre lo contrario. La excepción en esta ley la constituye una mínima parte de la información: la clasificada. Ésta puede ser confidencial o reservada. La confidencial se refiere a los datos personales de los que ya hemos hablado en pasadas entregas, y la reservada es aquella que de darse a conocer pondría en riesgo la gobernabilidad o la seguridad o bien la que forma parte de trámites o procesos administrativos hasta que finalicen.

¿No se tiene que demostrar interés?
Ésta es otra de las cuestiones que a los funcionarios les llama mucho la atención: las personas pueden pedir la información que quieran y no deben explicar para qué la usarán, ni por qué preguntan. Lo ideal es que las personas utilicen la información para beneficio propio, en última instancia para tener una mejor calidad de vida; pero también pueden preguntar por preguntar. Los periodistas con seguridad van a preguntar para tener LA nota, para armar el gran reportaje, para hacer mejor su trabajo; pero cuando elaboren preguntas no tendrán que decir para qué utilizarán la información.
Además, al realizar una solicitud de información pública, tampoco será necesario dejar tres copias de la credencial de elector, entre otras cosas, porque ni siquiera se requiere ser mayor de 18 años para pedirla, así que también estudiantes de secundaria y hasta niños en edad escolar podrán formular solicitudes.

¿Va a acudir la gente a cada oficina?
Esa era otra cuestión que al funcionario con el que hablé le preocupaba: si a partir del 17 de febrero la gente se iba a formar afuera de su oficina a preguntarle. No. La gente no va a acudir a la oficina de cada funcionario. En cada entidad y dependencia se ha habilitado una Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública, que recibirá todas las preguntas y las turnará a las áreas correspondientes dentro de la misma dependencia. Una vez que las áreas proporcionen la información, será la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública quien la pondrá a disposición del solicitante.
En caso de que el solicitante no esté conforme con la respuesta que le den, sea porque le dicen que la información está clasificada –como reservada o como confidencial- o porque le dan la información incompleta, o porque le dicen que no existe, el solicitante presentará un recurso de revisión en la misma Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública, que a su vez la turnará a la Comisión para el Acceso a la Información Pública, para que sea la CAIP quien funja como árbitro y decida si la dependencia debe entregar la información requerida al solicitante.
La CAIP, entonces, como encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas será quien resuelva los recursos de revisión; pero tampoco la CAIP es la responsable de los archivos de las dependencias, ni de entregar directamente la información a las personas.

¿Qué puede pasar si se hace pública información incómoda para el gobierno?
Este es otro de los grandes temores de los funcionarios. Cuando se respondan solicitudes que pongan en evidencia a servidores públicos actuales o de administraciones pasadas puede deteriorarse su imagen o la de un partido. Eso puede pasar, y es parte del proceso de aprendizaje. Mi respuesta al funcionario con el que platiqué la semana pasada fue muy tajante: Hay que ver la experiencia federal. Muchos analistas coinciden en que la transparencia y el acceso a la información es probablemente el único logro importante del gobierno foxista. Incluso se ha dicho que es el único cambio estructural destacable en el sexenio. Fox pasará a la historia como el presidente en cuyo mandato se instauró la transparencia en el país. Por eso pasará a la historia, no por los escándalos que han salido a la luz gracias a la transparencia: el toallagate, la información de su rancho “secreto”, las cuentas en ropa de la “familia presidencial”… A fin de cuentas, los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas son mucho mayores, son un bien mayor, en comparación con los datos sucios que pudiera haber y hacerse públicos. No hay que tener miedo.